Será enviada a la Legislatura y prevé un cambio del Código Procesal Penal. “No tiene sentido tener la tecnología si el sistema judicial no actúa en tiempo real”, dijo. Los detalles.
El Gobierno de Mendoza impulsa un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal, con el objetivo de acelerar los tiempos judiciales y garantizar una respuesta más eficaz frente al delito. La iniciativa, anunciada por Alfredo Cornejo en San Rafael, busca que los jueces, fiscales y defensores actúen en tiempo real, incluso fuera del horario habitual de tribunales.
“No tiene sentido tener la tecnología y la ley si el sistema judicial no actúa en tiempo real”, dijo el mandatario, al exponer uno de los principales problemas que —según su diagnóstico— limita la efectividad del sistema: la falta de audiencias vespertinas.
Durante su intervención, Cornejo relató un caso reciente que motivó el proyecto: “Hace pocos días, una persona fue detectada mediante reconocimiento facial en pleno centro cometiendo un delito. Fue detenida y trasladada, pero no hubo audiencia disponible y quedó en libertad”.
Aunque la ley de flagrancia está vigente en Mendoza desde hace años, en muchos casos no se aplica porque no hay operadores judiciales disponibles fuera del horario laboral, lo que provoca que las detenciones queden en la nada.
“Estamos capturando personas in fraganti gracias a cámaras, geolocalización e inteligencia artificial, pero si eso ocurre después de las dos o tres de la tarde, no hay audiencias disponibles y ese proceso queda trunco”, explicó.
La reforma que impulsa el Ejecutivo plantea que la Justicia penal esté disponible en cualquier momento y lugar, con mayores exigencias para todos los actores del sistema: jueces, fiscales y defensores.
“Vamos a presentar la semana próxima un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal. Apuntamos a que existan audiencias en todo momento y lugar”, afirmó Cornejo, y agregó: “Este es un paso clave para que el sistema judicial acompañe el esfuerzo que estamos haciendo desde el Ejecutivo”.
El Gobernador también apuntó contra el uso extendido del juicio abreviado, que —según dijo— muchas veces deriva en liberaciones exprés de delincuentes.
“Esto termina en una negociación de pena y en la liberación inmediata del delincuente, que vuelve al barrio, generando una tremenda sensación de impunidad”, sostuvo. “La gente ve que quienes cometen delitos reinciden sin consecuencias, y eso mina la confianza en el sistema”.
Cornejo aseguró que, aunque el Código Penal es competencia nacional, la provincia tiene margen para modificar el Código Procesal, y lo va a hacer.
“Vamos a endurecer los procedimientos porque la realidad lo exige y porque estamos sumando tecnología que permite identificar delitos o su preparación en el momento”, adelantó.
También insistió en que todos los actores del sistema deben cumplir su rol: “Así como somos exigentes con la fuerza policial, lo seremos también con los jueces, fiscales y defensores. Mendoza necesita una Justicia que esté a la altura de la demanda ciudadana”.
Además de la reforma procesal, Cornejo recordó que su Gobierno ha elevado propuestas a Nación para actualizar el Código Penal, que —según dijo— tiene serias lagunas.
“Uno de los problemas graves que tenemos es que muchos robos terminan calificados como encubrimiento. Se roba un auto, se encuentra en poder de una persona y esta dice que se lo vendieron, que lo encontró, que se lo dio un primo. Y termina con una pena menor”, explicó.
También mencionó un caso cada vez más frecuente: la suplantación de identidad, aún sin pena en la legislación nacional.
“Es increíble pero es así. Hoy se hacen estafas, compras a nombre de otras personas, y no hay norma que castigue esa conducta”, denunció.
Aunque plantearon estas inquietudes a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Mariano Cúneo Libarona, Cornejo lamentó que esas iniciativas todavía no hayan llegado al Congreso.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que este proyecto forma parte de una serie de reformas iniciadas en 2017, y que buscan descomprimir el sistema judicial, redistribuir la carga de trabajo y evitar que los delitos se resuelvan sin consecuencias reales.
“Queremos aumentar la cantidad de audiencias, equilibrar las causas entre los jueces, y evitar el mal uso del juicio abreviado”, afirmó.
Además, apuntó a un problema recurrente: la cadena de beneficios que permite que muchos delincuentes sigan en libertad.
“También puede evitar el abuso de las condenas de ejecución condicional, muchas veces motivado en la mala distribución del trabajo y de las cargas judiciales”, concluyó
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