Posible fraude al Estado

Janina Ortiz, a punto de ser imputada por corrupción

La diputada que se encuentra suspendida quedó a un paso de ser imputada por corrupción en la causa de las cooperativas truchas.

Janina Ortiz suma una nueva hoja a su expediente que se ha ido acrecentando desde el 2023 cuando fue acusada, en primer término, de "coacciones agravadas" al estar sospechada de haber presionado a una empleada municipal de grabar a un funcionario de Las Heras. Ahora quedó a un paso de ser imputada por corrupción en la causa de las cooperativas truchas.

La dirigente mendocina, junto a su abogada, había presentado un recurso de casación que buscaba anular el avoque fiscal sobre malversación de fondos, sin embargo, la sala compuesta por los jueces Julio Gómez, José Valerio y María Teresa Day desestimó la solicitud.

Se trataría de un fraude por 35,5 millones de pesos "que ingresaron a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, y que lejos de ser administrada por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizada y administrada por los sindicados en su favor y el de terceras personas” reza el expediente.

No es la única imputada

A la exsecretaria de Gobierno de Las Heras se le suma el ex intendente del departamento Daniel Orozco, Hernán Matías Mostaccio - el exjefe de Licencias de Conducir -, Mauricio Rafael Valle - director de Compras y Suministros -, Carlos Nofal - exsubsecretario de Hacienda -, Mauro Sebastián Homan - exdirector de Asuntos Legales -, Osvaldo Alberto Oyhenart - exsubsecretario de Políticas Sociales -, Juan Pablo Pandolfi (yerno de Oyhenart), Daniel Germán Herrera - el exsubdirector de Contaduría - y una persona llamada Adrián Alejandro Pérez.

Janina Ortiz está sospechada de participar de un manejo irregular de fondos mediante el “direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas “para realizar limpieza de calles y espacios públicos”. En un inicio podría ser imputada por defraudación a la Administración Pública, pero luego el fiscal en jefe de Delitos Económicos e Informáticos, Alejandro Iturbide y el Fiscal Adjunto Penal, Gonzalo Nazar, decidieron modificar la acusación por “peculado”.

La diferencia es la defraudación y el peculado es "la calidad del autor y la del objeto material del delito (funcionario público y objeto de pertenencia pública)".

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