El oficialismo avanzó en la Legislatura con la iniciativa para recuperar casas del Instituto Provincial de la Vivienda en situaciones irregulares.
A la par del avance en la Legislatura de Mendoza del proyecto para acelerar la recuperación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desadjudicadas, el organismo notificó a decenas de deudores históricos para quitarles las casas tras años de cuotas impagas e irregularidades detectadas.
Este miércoles, sin apoyo del peronismo, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa del Gobierno que apunta a agilizar los procedimientos de recupero de viviendas sociales con falta de pago, abandono o uso irregular, a través de la modificación de la normativa vigente: la Ley Nº 6.776, la Ley Nº 4.203 y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia.
El IPV busca contar con mejores herramientas para desadjudicar y desalojar a los beneficiarios que no cumplieron con la ocupación efectiva de la vivienda. Miguel Cicala, abogado del instituto, indicó que, si bien vienen realizando estos procesos, actualmente se encuentran con dificultades para recuperar la posesión del inmueble y reasignarlo a otra familia.
Tanto el Gobierno como el IPV fundamentaron el proyecto en la necesidad de agilizar los procesos de desadjudicación ante casos de irregularidades detectadas, conductas que "desnaturalizan la finalidad social de las viviendas financiadas por el Estado". Entre las situaciones más frecuentes aparecen la mora persistente en el pago de las cuotas, el abandono de las viviendas y las cesiones a terceros.
Qué no puede hacer un adjudicatario de una vivienda social:
De acuerdo con datos oficiales del Instituto Provincial de la Vivienda, de 600 procedimientos de desadjudicación iniciados, 513 fueron resueltos. En cuanto a las casas desadjudicadas (no recuperadas), se registraron 28: 16 casos por mora, 8 por mora y ocupación irregular y 4 por ocupación irregular.
A su vez, de abril a mayo, el IPV notificó a 50 beneficiarios de viviendas ubicadas en distintos barrios construidos por el Estado provincial para informarles sobre el inicio del proceso de desadjudicación previsto en el Decreto 868/77. Entre ellos, hay casos de mora persistente por distintos montos, como por ejemplo, deudas de $36.186.077 (equivalente a 74 cuotas), $16.366.289 (53 cuotas), $5.449.099 (24 cuotas) o $1.074.733 (97 cuotas). Además, entre las notificaciones hay emplazamientos por irregularidades.
El procedimiento de desadjudicación contempla diversas instancias previas antes de que el IPV retire una vivienda a un beneficiario. En primer lugar, el adjudicatario recibe al menos cuatro notificaciones para regularizar su situación. Si el incumplimiento persiste, se inicia formalmente el proceso de quita, durante el cual se realizan otros cuatro avisos adicionales.
Una vez emitido el acto administrativo que dispone la desadjudicación, el beneficiario todavía cuenta con una última posibilidad para revertir la medida: tiene un plazo de 15 días para presentarse ante el IPV y proponer un plan de pago o plantear una solución a la situación. Agotadas estas instancias, el instituto avanza con la recuperación de la casa.
La iniciativa contempla modificaciones en la normativa vigente para sumar las siguientes herramientas jurídicas:
El proyecto obtuvo media sanción de Diputados, sin las modificaciones sugeridas por el peronismo, que planteó hacer una diferenciación para los casos en los que los beneficiarios no puedan pagar las cuotas por problemas económicos. La propuesta pasó al Senado para su tratamiento.