Desde hace tiempo se viene advirtiendo que hay especialidades médicas críticas que están sufriendo la falta de profesionales, lo que impacta directamente sobre el sistema sanitario tanto público como privado. Por eso, desde el propio Gobierno advirtieron que el tope salarial ratificado por la Corte significa una amenaza para más de un médico que trabaja en el sector público frente al riesgo de que muchos de ellos se vayan ante la amenaza de que su salario quede por debajo del valor que paga el privado. El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, ratificó que habrá "excepciones", aunque destacó la necesidad de que sean las menos.
"Tenemos que tratar de que las excepciones no sean la regla, justamente, la norma que acabamos de presentar busca que no haya excepciones", dijo el ministro tras presentar el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal en la Legislatura. Se calcula que son unos cien los profesionales que estarían exceptuados, con especialidades críticas.
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Víctor Fayad, ministro de Hacienda.
Foto: Yemel Fil
"Hay tareas que son específicas y que de alguna manera tienen su remuneración en valor del mercado por encima de lo que puede cobrar el gobernador. Pero realmente creemos que esto debe estar muy bien fundamentado para para que cualquiera de los que nos desempeñamos en la administración pública no tengamos un salario superior al del gobernador", agregó Fayad.
Esto se da luego de que la Sala I de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza -integrada por Julio Gómez, Pedro Llorente y José Valerio- rechazara la acción de inconstitucionalidad que presentó el gremio Ampros (profesionales de la salud) contra la Ley de Tope Salarial en la Administración Pública (8.727). De este modo, los agentes que habían interpuesto la cautelar ante el máximo tribunal no podrán percibir un salario (bruto) mayor al que recibe el Gobernador, tal lo dicta el texto de la norma cuestionada.
La resolución judicial encendió las alarmas en el sindicato que conduce Claudia Iturbe, desde donde proyectaron un “desmantelamiento” de la salud pública provincial a raíz de la posibilidad latente de que médicos emigren a otras provincias o países donde perciban mejores salarios.
La propia ministra de Salud, Ana María Nadal, aseguró que se hará uso de un mecanismo que prevé la propia Ley en su artículo 4º, que otorga la posibilidad de disponer de exenciones para “casos específicos”. Por lo cual el Gobernador deberá firmar decretos que eximan a los profesionales de quedar “topeados” y poder así percibir honorarios mayores a los que él obtiene mensualmente. Previamente, deberán ser ratificados por la Legislatura.
Los dictámenes de Suarez se argumentarán bajo condición sanitaria. “Se está privilegiando el sostenimiento de los servicios; es una justificación nominal e individual sanitaria, para casos particulares”, detalló Nadal.
