Es ley la baja de la imputabilidad a 14 años en Argentina: qué legisladores mendocinos votaron a favor
Con 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención, el nuevo Régimen Penal Juvenil fue aprobado por el Senado y entrará en vigencia. Cómo votaron los mendocinos y qué dice la norma.
La norma logró la sanción final en la Cámara Alta.
En la segunda jornada consecutiva de sesiones, el Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes y reemplaza al vigente desde 1980, introduciendo cambios en la edad de imputabilidad, las penas y el tratamiento judicial de los menores.
La norma, que llegó a la Cámara Alta con media sanción de Diputados, fue aprobada por 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención. Fue acompañada por La Libertad Avanza y bloques aliados, en tanto que el rechazo partió del Justicialismo y otros legisladores opositores.
En el debate quedaron expuestas las dos posturas. El oficialismo defendió el proyecto como un sistema moderno y acorde a estándares internacionales, con garantías procesales para los adolescentes. Desde ese espacio remarcaron que bajar la edad de imputabilidad a 14 años no contradice la Convención de los Derechos del Niño y argumentaron que la reforma busca dar una respuesta a la participación de menores en delitos.
En cambio, desde el peronismo cuestionaron la iniciativa al advertir que la baja de la edad de imputabilidad no resolverá el problema de la inseguridad y que el proyecto pone el foco en el castigo antes que en las políticas de prevención. También se alertó sobre la falta de recursos e infraestructura para implementar el nuevo sistema en las provincias, y advirtieron que la norma podría derivar en un mayor encarcelamiento de menores sin atacar las causas del problema.
El Senado convirtió en ley la baja de imputabilidad: cómo votaron los tres mendocinos
En este caso, ninguno de los representantes de la provincia de Mendoza tomó la palabra durante el debate en el recinto. Los votos —como sucedió el jueves con la Ley de Glaciares— se dividieron. La peronista Anabel Fernández Sagasti se opuso al expediente, en tanto que los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez acompañaron el texto.
Suarez y Juri votaron a favor de la baja de imputabilidad; Fernández Sagasti se opuso.
Los principales aspectos de la nueva ley de Régimen Penal Juvenil
Baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años: a partir de ahora, los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser penalmente responsables por los delitos que cometan. Los menores de 14 quedan fuera del sistema penal y deberán ser abordados por organismos de protección de la niñez.
Sistema de penas diferenciado según la edad: para los jóvenes de 14 años las penas se reducen a la mitad, mientras que para los de 15 años la reducción es de un tercio respecto de la escala prevista para adultos. A los 16 y 17 años se aplica la escala sin reducción, aunque dentro del régimen especial juvenil.
Tope máximo de 15 años de prisión: para delitos graves, la pena máxima para menores será de 15 años, ya que la ley prohíbe la prisión o reclusión perpetua para adolescentes.
Privación de la libertad solo para delitos graves: la detención efectiva se aplicará principalmente en casos como homicidios, abusos sexuales, secuestros o robos violentos, mientras que para delitos menores se priorizarán otras medidas.
Sanciones alternativas a la prisión: los jueces podrán aplicar amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de salir del país, restricciones de acercamiento, programas educativos o monitoreo electrónico, entre otras medidas.
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Es ley el nuevo Régimen Penal Juvenil que —entre otras cuestiones— baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Centros de detención separados del sistema penitenciario común: la ley dispone que los menores no podrán estar alojados junto a adultos, por lo que se prevé la creación de institutos especializados para adolescentes.
Posibilidad de libertad condicional o medidas alternativas: si el condenado cumple dos tercios de la pena, el tribunal podrá disponer que el resto se cumpla con regímenes alternativos a la prisión.
Eliminación de antecedentes al alcanzar la mayoría de edad: los delitos cometidos durante la minoría de edad no quedarán registrados como antecedentes penales una vez que el joven cumpla 18 años, con el objetivo de favorecer su reinserción social.
Garantías procesales específicas: el régimen reconoce derecho a defensa técnica, asistencia legal y un proceso especializado para adolescentes desde el inicio de la causa.
Financiamiento para el nuevo sistema: la ley incluye una partida de $23.800 millones destinada a implementar el régimen, incluyendo infraestructura y centros especializados para menores.
