Contempla reformas en los Códigos Penal, Civil y Comercial y aborda temáticas vinculadas a la seguridad pública, seguridad vial y ciberdelitos. Qué dijo la ministra.
Los funcionarios se reunieron en el Ministerio de Seguridad
Foto: Prensa Gobierno de MendozaTras participar de la reunión con Guillermo Francos, el gobernador Alfredo Cornejo se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le presentó una propuesta de modificación de los Códigos Penal, Civil y Comercial de la Nación; tal como había anticipado que haría el miércoles.
Se trata de un paquete de leyes que contempla reformas en materia de seguridad pública, seguridad vial y ciberdelitos, entre otras. “Es una señal muy clara de Mendoza para contribuir a mejorar la seguridad en la Argentina”, remarcó el primer mandatario.
Según especificó la funcionaria nacional, la propuesta integral será presentada a todos los ministros del país en el Consejo de Seguridad Interior que se realizará el próximo 6 de junio, justamente en Mendoza.
“Allí también vamos a estar definiendo otros temas de política criminal como el de las señales y los celulares en las cárceles”, detalló la ministra.
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La iniciativa “no sólo le sirve a la Provincia, sino a todo el país, porque en el caso específico de Mendoza, creemos que penalizar más fuertemente el encubrimiento de robos, como en el caso de los vehículos, hará que bajen estos delitos”, aseguró Cornejo.
El mandatario resaltó que “el sólo hecho de atacar el ciberdelito, ayudará a bajar las estafas, como así también los que tienen nexo con la supresión de identidad, que no está tipificada correctamente en el Código Penal”.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, quien acompañó al Gobernador a Buenos Aires, reveló que la propuesta “plantea medidas concretas para fortalecer la respuesta del Estado, desde el robo simple hasta el encubrimiento delictivo, pasando por el robo de bienes en la vía pública y la creciente problemática de los robos de cables”.
“Se establece en el marco de una acción coordinada entre distintos niveles de gobierno garantizando así un enfoque integral para atender las actuales temáticas delictivas”, completó.
En cuanto al eje de seguridad pública, la propuesta busca abordar varias problemáticas significativas que afectan la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. La proliferación de armas de fuego y su vinculación con un aumento en la violencia interpersonal y los delitos, como el robo, demanda una respuesta contundente por parte del Estado.
Entre las modificaciones propuestas se destacan el endurecimiento de las penas, especialmente en casos de bienes robados; la clasificación del robo de bienes destinados al servicio público como robo agravado, abarcando elementos como luminarias públicas y transformadores.
En relación con la seguridad vial, la propuesta tiene como objetivo reducir el índice de mortalidad y lesiones graves causadas por accidentes de tránsito. Se busca aumentar las penas y sanciones para conductores que cometan infracciones graves, como conducir de forma imprudente o bajo los efectos del alcohol.
También se destaca la importancia de la prevención y la educación vial, así como la necesidad de retomar operativos conjuntos con organismos como la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En lo que respecta al ciberdelito y las estafas, la propuesta busca actualizar el marco legal, haciendo referencia a la necesidad de legislar en consonancia con los avances tecnológicos y las nuevas formas de delincuencia. Se plantea la ampliación de los delitos de estafa y ciberestafa, y se incluyen sanciones duras en casos de suplantación de identidad.
Para finalizar, el proyecto de reforma también contempla modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente en relación con la presunción de mala fe en posesión de bienes. En ese sentido, se propone que se considere de manera automática la mala fe cuando se posean bienes que provengan claramente del Estado o estén destinados al servicio público.
Esta medida busca fortalecer la capacidad de actuación legal contra la posesión ilícita de bienes públicos, contribuyendo así a la protección del patrimonio estatal y al mantenimiento de los servicios públicos para el beneficio de la comunidad.
Además de Bullrich, Cornejo y Rus, participaron del encuentro el procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé; el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino; el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni; el subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa de la Nación, Néstor Majul; y la legisladora nacional por la UCR, Pamela Verasay.