martes 22 nov 2022
Panorama

El terreno pantanoso al que entra el Gobierno por el roll over de deuda

El Gobierno podría recurrir a la Justicia para tratar de reinterpretar la Ley de Administración Financiera, de manera tal que pueda utilizar el roll over.

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Por Mariano Fiochetta 20 de noviembre de 2022 - 11:06

El gobernador Rodolfo Suarez lo había avisado en julio. El plan para afrontar la deuda a vencer en 2023 era utilizar el roll over para poder pesificar los créditos pero, como ya sabía que la oposición se negaría a acompañar el mecanismo, no envió el pedido a la Legislatura y eligió, por primera vez, otra vía para avanzar con la medida.

El roll over vuelve a la discusión en Mendoza durante cada debate del Presupuesto. Es una herramienta que permite refinanciar créditos de periodos anteriores con nueva deuda: se pagan los vencimientos que ocurren en el año, de forma que – en principio – se alivien las cuentas públicas, pero con un estiramiento en los plazos.

En la provincia, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional y en otras jurisdicciones, el roll over no está previsto normativamente y se introduce anualmente en la Ley de Presupuesto. Desde que Suarez es primer mandatario, solo para la pauta de gastos de 2021 la oposición autorizó el sistema.

En paralelo, el oficialismo buscó sin éxito modificar la Ley de Administración Financiera para que el mecanismo quede de manera permanente como disponible para el Ejecutivo.

Sin embargo, esta vez el Gobierno comenzó a transitar un “atajo” que le podría traer complicaciones. A pesar de que no lo hizo en los tres años anteriores, con la llegada de Víctor Fayad a Hacienda optó por avanzar con una nueva interpretación del artículo 86 de la norma que antes trataba de modificar.

Presentación de presupuesto en legislatura, victor fayad.jpg
El ministro Víctor Fayad entiende que se puede usar el roll over sin pasar por la Legislatura.

El ministro Víctor Fayad entiende que se puede usar el roll over sin pasar por la Legislatura.

“Sería absurdo que una ley impida al Ejecutivo administrar sus pasivos de manera eficiente. Por el contrario, permite refinanciar las deudas, siempre y cuando lo hagamos con una mejora de condiciones para la provincia”, consideró semanas atrás el ministro.

Para esto, le pidió a Fiscalía de Estado un dictamen sobre la probabilidad de que una reestructuración de la deuda pública provincial – con la toma de nuevos créditos para afrontar los vencimientos de amortización de capital de los bonos Mendoza 2029 – se enmarcaran dentro de la ley vigente.

El organismo que conduce Fernando Simón fue claro. “Para realizar esta operatoria el Poder Ejecutivo requiere la previa autorización dada por Ley sancionada por la Legislatura con el voto de dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara”, indicó en la respuesta.

Ahora, el Gobierno entró en una encrucijada: más allá de la contestación que le envíe a Fiscalía, deberá decidir si le solicita una declaración de certeza a la Suprema Corte para poder continuar con el proceso, reintentar mandar un proyecto de ley a la Legislatura o avanzar con el decreto de reestructuración, esperar una acción de inconstitucionalidad y llevar el tema al plenario del máximo tribunal.

En el aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), Suarez adelantó que, en un principio, apuntarán a pedir la mirada del máximo tribunal antes de publicar el decreto. Se trata, en definitiva, de solucionar de urgencia el futuro los vencimientos por más de 120 millones de dólares del pago de capital del Bono PMY24, emitido por Alfredo Cornejo en 2016 y renegociado en 2020.

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