La Cámara Alta dio sanción definitiva a la Declaración de Impacto Ambiental del primer proyecto cuprífero que avanzará hacia explotación en la provincia.
El Senado le dio sanción definitiva al proyecto PSJ Cobre Mendocino.
El Senado provincial aprobó este martes, en una sesión cargada de expectativa política y económica, el proyecto PSJ Cobre Mendocino, que habilita la explotación del primer yacimiento de cobre en la historia moderna de Mendoza. La votación dejó al oficialismo alineado detrás de la iniciativa y mostró una división marcada dentro del Partido Justicialista, que expuso argumentos contrapuestos durante el debate.
Con esta sanción definitiva, la provincia se prepara para ingresar en una nueva etapa productiva, en la que el cobre se incorpora como un mineral estratégico dentro de su matriz económica. Se trata de un proyecto que combina inversión privada significativa, encadenamientos industriales y la promesa de un impacto directo sobre el empleo en zonas como Uspallata, donde se localizará la operación.
La aprobación de PSJ Cobre Mendocino por parte de la Legislatura de Mendoza es interpretada dentro del Gobierno provincial como un paso central en la estrategia de diversificación económica trazada en los últimos años.
Sin modificar la Ley 7722, y luego de un proceso de evaluación ambiental que incluyó audiencia pública, la provincia habilitó un proyecto que llevaba más de una década en espera.
El Ejecutivo destacó que el cobre —impulsado por la demanda global asociada a la electromovilidad, la transición energética y las tecnologías renovables— representa una oportunidad para que Mendoza gane competitividad y se inserte en nuevas cadenas de valor.
El oficialismo defendió el proyecto con el argumento de que Mendoza necesita ampliar sus motores productivos, generar empleo formal y atraer inversiones sostenibles. En sintonía con la UCR votaron los senadores de La Unión Mendocina, Gabriel Pradines, Marcos Quattrini, Valentín González, Ariel Pringles y Martín Rostand. Armando Magistretti, del Partido Demócrata, también acompañó.
Dentro del PJ, en cambio, se vivió una jornada con fuertes matices: un bloque acompañó la iniciativa (Alejandra Barro, Mercedes Derrache, Mauricio Sat, Pedro Serra y Adriana Cano) señalando la necesidad de recuperar actividad económica, mientras que otro sector votó en contra (Helio Perviú, Félix González, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez) planteando reparos ambientales y de procedimiento. Flavia Manoni, de La Unión Mendocina, votó en contra; lo mismo que Dugar Chappel del Partido Verde.
Diulio Pezzutti, en tanto, se abstuvo.
Pese a estas divisiones, el proyecto obtuvo los votos necesarios para transformarse en ley: 29 a favor (dos lo hicieron de forma oral y no digital por inconvenientes técnicos), 6 negativos y una abstención.
Con la DIA aprobada, la empresa deberá avanzar hacia la ingeniería final, los permisos sectoriales y la planificación de la etapa de construcción. Ese proceso demandará servicios, proveedores y mano de obra especializada, con impacto directo en el corredor andino.
En Uspallata, donde se asentará el proyecto, se espera una dinamización progresiva de la economía local, tanto por la llegada de inversiones como por la demanda de infraestructura y servicios asociados a la actividad minera.
La provincia, a su vez, deberá definir cómo articulará los controles ambientales, la transparencia del proceso y el fortalecimiento de proveedores locales.
La normativa provincial exige monitoreos periódicos, informes obligatorios, auditorías, inspecciones y un proceso de actualización de la DIA cada dos años.
Es decir, no se trata de una autorización definitiva sino de un mecanismo de supervisión continua.
A esto se suma la creación de una Unidad de Gestión Ambiental, dentro de la cual la participación ciudadana tiene un rol protagónico. Allí, vecinos, organizaciones y entidades académicas pueden acceder a información, realizar observaciones y participar de instancias de seguimiento.
Según estimaciones divulgadas por la compañía y citadas en informes oficiales, PSJ generaría en la etapa de construcción de la mina, unos 3900 empleos entre puestos directos e indirectos. Luego, para la operacion, se prevé generar 2400 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
Cabe aclarar que rige el "Compre mendocino", con lo que Mendoza puede abastecer la mina con los bienes y servicios necesarios, lo que impulsaría el desarrollo de proveedores-
La fase de construcción requerirá servicios que Mendoza ya está empezando a preparar: transporte, energía, ingeniería, mantenimiento, comunicaciones, tecnología aplicada a minería, diagnósticos ambientales y obras complementarias necesarias para operar a más de 2.500 metros de altura.
Para zonas como Uspallata y Alta Montaña, el proyecto representa también una oportunidad para mejorar la infraestructura vial y energética, dos temas que han sido señalados históricamente como deudas estructurales.
Hoy es considerado un mineral crítico a nivel global, indispensable para:
la electromovilidad (autos eléctricos y baterías),
las energías renovables (parques solares y eólicos),
las redes eléctricas modernas,
la fabricación de dispositivos electrónicos,
la expansión de tecnologías de eficiencia energética.
En un mundo que avanza hacia la descarbonización, el cobre es una pieza central. De hecho, organismos internacionales proyectan una duplicación de la demanda global en las próximas dos décadas. Países como Chile, Perú, Canadá y Australia están expandiendo su producción para responder a esa demanda creciente.
Que Mendoza ingrese a esa cadena productiva implica algo más que exportar un mineral: significa posicionarse en mercados estratégicos, atraer inversiones, generar empleo especializado y participar de una economía global donde la transición energética será dominante.
Además, Mendoza puede ofrecer algo diferencial: marcos normativos estrictos, control ciudadano, tradición institucional y capital humano capacitado.
El principal desafío es sostener la confianza pública mediante controles rigurosos, transparencia y cumplimiento estricto de los compromisos ambientales.
También será fundamental que las inversiones asociadas —infraestructura, conectividad, energía, servicios— se integren a la economía local y beneficien a las comunidades.
El proyecto deberá demostrar, con datos y resultados, que la minería puede coexistir con las actividades que caracterizan a Mendoza, y hacerlo bajo estándares que no comprometan su patrimonio natural.
El desafío adicional será construir proveedores locales competitivos, capaces de integrarse a cadenas de valor mineras que operan con altos niveles de exigencia técnica.
Del lado de las oportunidades aparecen el empleo formal, entrada de divisas, expansión de industrias complementarias, fortalecimiento del entramado científico y tecnológico, y un posicionamiento internacional para Mendoza en minerales estratégicos.
Aunque la aprobación en el Senado representará un hito político y administrativo clave para PSJ Cobre Mendocino, el proyecto no ingresará de inmediato en etapa productiva. El aval legislativo a la Declaración de Impacto Ambiental habilita el desarrollo de la fase de explotación, pero aún restan procesos técnicos, concreción de inversiones y adecuaciones operativas que pueden extenderse durante meses o incluso más, según los cronogramas que definan la empresa y los organismos de control.
En minería metalífera, la transición entre la autorización y la producción efectiva exige una serie de pasos ineludibles: ingeniería de detalle, puesta a punto de la infraestructura, y la construcción de la mina, contratación de proveedores, importación de equipos, adecuación ambiental continua y auditorías periódicas. A esto se suma la necesidad de concluir trámites complementarios ante la Dirección de Minería, Hidrocarburos y organismos municipales.
Una vez obtenidos todos los permisos ambientales se viene proceso de factibilización del proyecto, ingeniería de detalles y cierre del financiamiento. Una vez concluida esa etapa de factibilización, continuará la construcción de la mina, con un tiempo estimado de entre 18 y 24 meses. Luego vendrá el inicio de la operación, que se estima en 2028.
video