El rol central de Hebe Casado en los primeros dos años y el antecedente a tener en cuenta.
Foto: Cristian LozanoEn las elecciones 2023 del pasado domingo, la mayoría de la ciudadanía de Mendoza optó por la fórmula de Cambia Mendoza (CM) -integrada por Alfredo Cornejo y Hebe Casado- para gobernar la Provincia por los próximos cuatro años, a partir del venidero 10 de diciembre.
Asimismo, los comicios definieron la nueva conformación de la Legislatura, que desde fin de año tendrá una composición diferente a la actual. En la Cámara de Diputados, el oficialismo logró obtener las bancas necesarias para mantener la mayoría absoluta. Es decir, cuenta con los votos propios para aprobar proyectos, incluso cuando los otros bloques no acompañen.
En el Senado, la situación es diferente. Aunque en los papeles no diferirá mucho. En la cámara alta el reparto es igualitario entre Cambia Mendoza y la oposición (19 bancas cada uno). En el supuesto que una votación termine empatada, será la vicegobernadora (Casado) quien definirá hacia una u otra dirección (art. 210 del reglamento interno del cuerpo parlamentario).
Sin embargo, esa situación estará atada a los consensos que pueda lograr el oficialismo. Y siempre y cuando los bloques opositores no se desarmen y algunos miembros jueguen a favor de CM (o viceversa), como ha ocurrido en otras ocasiones.
La propia Casado ha dejado entrever que -fundamentalmente en La Unión Mendocina- pueda darse la alternativa que alguno de sus protagonistas escinda de esa fuerza "por el rejunte electoralista" que -según su visión- representa ese espacio. De la cintura de sus principales armadores dependerá la mancomunión del trabajo.
En caso de que se llegue a esa instancia, la del empate en votos, no será la primera vez que suceda en Mendoza. Incluso hay un caso paradigmático de hace unos años atrás que todavía genera ruido en los pasillos legislativos.
Septiembre de 2012. A poco de cumplir el primer año de mandato, el gobernador Francisco "Paco" Pérez enfrentaba una fuerte discusión política en la Legislatura, cuando la oposición se abroqueló detrás de un proyecto que pretendía obligar al Ejecutivo a demandar a la Nación ante la Corte Suprema por la retención del 15% de los fondos coparticipables para financiar la Anses, que se aplicaba desde 1992.
Otras provincias, como Córdoba y San Luis, ya habían avanzado en ese sentido y la idea de -por entonces- la UCR, el PD, el PRO, el Partido Federal y Unión Popular era que Mendoza se plegara a esas jurisdicciones.
En una sesión picante, plagada de chicanas, llamadas telefónicas, idas y venidas de los legisladores y encendidos discursos de unos y otros; finalmente se convocó a la votación. Se dio un empate en 19. Debía definir -entonces- el vicegobernador Carlos Ciurca.
Eran épocas donde todavía estaba fresco el "no positivo" de Julio Cobos años atrás en el Congreso de la Nación. El vicepresidente debió desempatar la votación de la "resolución 125", lo que generó un quiebre en el acuerdo entre el kirchnerismo y el radicalismo por el cual compitieron juntos en las elecciones de 2007.
Rememorando aquella histórica sesión en el parlamento nacional, el presidente de la UCR en el ámbito local, Juan Carlos Jaliff, le pidió a Ciurca que "piense en los intereses de los mendocinos". "Acepto el consejo, pero no lo voy a tomar. Rechazado, el proyecto queda archivado", fue la respuesta del vice, que cerró la extensa jornada de deliberación.
La actuación de Ciurca en 2012 volvió a aparecer en la opinión pública en los últimos años. En primer lugar, cuando la Corte falló a favor de Córdoba y San Luis, y la Nación debió devolverles cifras millonarias. Lo propio ocurrió en septiembre del año pasado, cuando el máximo tribunal resolvió en el mismo sentido con Santa Fe.
Según estimaciones del radicalismo, Mendoza perdió la oportunidad de percibir unos 500 millones de dólares. Aproximadamente lo que costará -por ejemplo- construir la represa El Baqueano en San Rafael.