El precio del silencio del Estado: una familia esperó más de diez años por sus derechos tras la muerte de un policía
El caso de Lucía Luzuriaga, viuda de un policía muerto en cumplimiento del deber, y sus hijos, expone por qué es urgente terminar con la “denegación tácita” en la administración pública provincial, tal como plantea la ley aprobada en la Legislatura.
En octubre de 2013 dos efectivos policiales perdieron la vida en medio de un operativo.
La historia de Lucía S. Luzuriaga y sus hijos es una muestra clara del daño que puede generar el silencio del Estado ante los reclamos de los ciudadanos. Durante más de 10 años, esta familia de San Rafael esperó que se reconozcan los derechos que les correspondían tras la trágica muerte del agente policial José María Muñoz, ocurrida mientras cumplía funciones en la Policía de Mendoza. Este silencio, además, le costó muy caro al propio gobierno de la provincia de Mendoza. La ley que busca cambiar esto.
El caso se convirtió en un ejemplo de por qué es necesario que la provincia avance con normas que sancionen a los funcionarios que no responden en tiempo y forma. Porque cuando el Estado omite respuesta, también posterga, vulnera y, en muchos casos, revictimiza.
Un accidente en acto de servicio y un reclamo legítimo que nunca fue respondido
José María Muñoz ingresó a la fuerza policial el 31 de diciembre de 2010. El 30 de octubre de 2013 perdió la vida en un operativo cuando, al conducir un móvil policial, el vehículo se despistó y cayó a un canal de riego. Junto a él murió también su compañera Claudia Roxana Otondo Condorí (24).
Dejó a su pareja, Lucía Luzuriaga, y a sus hijos E.M., de dos años, y J.M., quien nació semanas después del fallecimiento de su padre.
tragedia en lujan.jpg
Pocos días después del trágico hecho, Lucía comenzó los trámites para reclamar los derechos que la ley prevé para los deudos de agentes fallecidos en servicio: subsidio por fallecimiento, gastos de sepelio, licencias anuales no gozadas y el aguinaldo proporcional de 2013. Todos esos reclamos fueron presentados en tiempo y forma ante el Ministerio de Seguridad de Mendoza.
Expedientes que se movieron, pero sin resolución
Los expedientes administrativos presentados por Luzuriaga avanzaron, incluso con dictámenes favorables y cálculos de los montos a pagar. Pero nunca llegaron a una resolución definitiva. El único rubro que tuvo un intento de cumplimiento —el aguinaldo proporcional— fue retenido por Tesorería General sin explicación formal.
En el expediente judicial que se abrió años más tarde, quedó claro que no hubo razones legales para no avanzar con los pagos. Tampoco se discutió la legitimidad del vínculo ni la condición de heredera legal de Luzuriaga, reconocida como administradora definitiva de la sucesión de Muñoz y madre de sus hijos, tal como quedó establecido en la justicia de familia.
Más de $19 millones adeudados… por no responder
El reclamo de la viuda llegó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien le dio la razón y dictaminó que al día 15 de junio de 2024, el monto total adeudado a Luzuriaga y sus hijos por los conceptos reclamados ascendía a $19.345.401, de los cuales solo $468.198 corresponden al capital original, mientras que el resto son intereses acumulados desde diciembre de 2013. El fallo fue firmado por los ministros de la Corte, Julio Gómez y Pedro Llorente.
Esta cifra no solo refleja el paso del tiempo: representa también el costo de la inacción estatal, del obrar administrativo omisivo que derivó en una denegación tácita de derechos garantizados por ley.
Una ley para evitar que esto se repita
El caso de Luzuriaga es uno entre muchos. En Mendoza, hasta ahora, el silencio administrativo no tenía consecuencias para quienes lo ejecutaban. Por eso, recientemente, el Senado provincial aprobó un proyecto que busca sancionar a funcionarios públicos que no respondan dentro de los plazos legales.
La iniciativa incorpora un artículo (38 bis) al Código Procesal Administrativo para que, en casos de "denegación tácita", se individualice al funcionario responsable de la demora y se le apliquen sanciones, tal como establece la Ley 9003, que protege especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas y viudas.
El proyecto fue presentado por el senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti, para terminar con la práctica de la “denegación tácita”, es decir, el silencio del Estado frente a un pedido formal de cualquier ciudadano de la provincia de Mendoza.
Esta ley ya contemplaba que la Corte puede intervenir cuando no hay respuesta a un reclamo, pero el nuevo artículo da un paso más: establece que, en esos casos, debe individualizarse al funcionario responsable del incumplimiento y aplicar las sanciones disciplinarias previstas en la Ley 9003.
Cuando el silencio vulnera derechos
En este caso, el Estado mendocino no solo incumplió sus deberes. También ignoró durante más de una década a una familia atravesada por el dolor, que solo pedía lo que por ley le correspondía.
Tal como lo expresó el Ministerio Público de la Defensa en la causa, “el obrar administrativo impugnado transgrede normas constitucionales y legales”, en un proceso en el que no se actuó con la diligencia mínima exigible frente a una situación de extrema sensibilidad.
¿Qué se espera ahora?
La aprobación definitiva de la ley que sanciona la denegación tácita se presenta como una deuda pendiente del sistema político mendocino. Porque no se trata de burocracia: se trata de personas que esperan, a veces por años, que el Estado les conteste. Que les cumpla.
