El juez Diego Flamant inspeccionó el Complejo Penitenciario Almafuerte tras la denuncia presentada por 1.900 internos y ordenó informes urgentes. Qué respondió la defensa.
La defensa insistió además en que las entrevistas judiciales se desarrollen sin custodia penitenciaria presente
Prensa de Gobierno de MendozaLuego de la presentación de un hábeas corpus colectivo impulsado por cerca de 1.900 internos del Complejo Penitenciario Almafuerte, el juez Diego Flamant recorrió la cárcel. En el recorrido mantuvo entrevistas con referentes de distintos módulos para interiorizarse sobre las condiciones de detención denunciadas.
A partir de esa inspección, el magistrado ordenó una serie de medidas urgentes y requirió a la Dirección del Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente la elaboración de informes detallados sobre diversos aspectos vinculados a la situación habitacional y sanitaria dentro del penal. El Servicio Penitenciario deberá responder los requerimientos en un plazo de 24 horas.
Entre los principales puntos solicitados, Flamant exigió conocer la capacidad real de cada módulo y posibles situaciones de sobrepoblación. Además, pidió precisiones sobre el funcionamiento del sistema de suministro de agua, incluyendo reportes sobre episodios de turbiedad y los mecanismos implementados cuando se producen fallas en las bombas.
El juez también solicitó información sobre el estado del sistema de calefacción en cada sector del penal y posibles inconvenientes registrados en pabellones específicos.
En paralelo, reclamó detalles sobre la provisión de elementos de higiene personal y de limpieza para las celdas, tanto para los internos como para el mantenimiento general de los espacios comunes.
Otro de los ejes del requerimiento judicial apunta a la situación sanitaria dentro del complejo. El Tribunal pidió informes sobre la logística vinculada al suministro de medicamentos, prótesis e insumos de enfermería, además de conocer si existe una guardia sanitaria permanente dentro del establecimiento.
Asimismo, Flamant requirió información sobre el régimen recreativo en cada módulo, particularmente en lo relacionado con actividades vinculadas a la salud mental y la resocialización de los internos.
El magistrado también puso el foco en el sistema de comunicación implementado tras las restricciones al uso de celulares dentro del penal. En ese marco, solicitó detalles sobre el régimen de visitas, las requisas, los tiempos efectivos de encuentro y las condiciones de espera para familiares y allegados.
Entre otros aspectos, pidió precisiones sobre los espacios destinados al resguardo de pertenencias y la disponibilidad de sanitarios para quienes concurren al complejo penitenciario.
Tras la apertura formal del trámite de hábeas corpus, la abogada María Elena Quinteros, presentó un escrito en el que solicitó que el juez recorra personalmente cada módulo y mantenga entrevistas privadas con los detenidos, sin presencia del personal penitenciario.
En paralelo, desde el penal habrían informado que oficialmente no existen "referentes" dentro de los pabellones y que no hay normativa que contemple esa figura. Sin embargo, la letrada rechazó esa postura.
"Si bien es cierto que no existe una norma jurídica que reglamente la figura del ‘referente’, en la práctica cotidiana y estructural del penal cada módulo y pabellón cuenta con referentes o ‘plumas’, tratándose de internos que ejercen un poder y control real sobre la vida diaria de los distintos sectores".
La defensa insistió además en que las entrevistas judiciales se desarrollen sin custodia penitenciaria presente, al advertir posibles situaciones de represalias o intimidación contra los internos que brinden testimonio.
"Solicito formalmente que se constituya de manera personal en el Complejo Penitenciario Almafuerte y concurra físicamente a cada uno de los módulos y alas del establecimiento para mantener contacto directo con la población penal", expresó la abogada en el escrito judicial.
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