El Gobierno de Mendoza oficializó diez cesantías y una suspensión disciplinaria en la administración pública provincial, tras la resolución de sumarios que acreditaron faltas graves en distintas áreas del Estado.
28 de mayo de 2026
Las sanciones fueron oficializadas en el Boletín Oficial. La mayoría de los casos corresponde a Salud y se vincula a faltas graves en funciones.
Desvinculaciones en distintas áreas de la administración provincial.
Foto: Cristian LozanoEl Gobierno de Mendoza oficializó diez cesantías y una suspensión disciplinaria en la administración pública provincial, tras la resolución de sumarios que acreditaron faltas graves en distintas áreas del Estado.
Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial: ocho cesantías se resolvieron directamente en los expedientes y otras dos quedaron firmes luego del rechazo de recursos administrativos.
Uno de los expedientes más sensibles involucra a un exjefe dentro del Instituto Universitario de Seguridad Pública, quien fue cesanteado por no garantizar condiciones mínimas de seguridad en el manejo de armas de fuego.
Según la investigación, el funcionario omitió controlar una delegación a su cargo y no aseguró la existencia de un espacio seguro para la manipulación de armas, incumpliendo protocolos básicos. Esto generó un riesgo potencial tanto para el personal como para los cursantes.
El caso tuvo además un condimento interno: el agente intentó apartar a la instructora del sumario por supuesta falta de imparcialidad, argumentando vínculos previos con la institución. Sin embargo, el planteo fue rechazado en todas las instancias, que consideraron que no había motivos válidos.
La mayoría de las cesantías —principalmente en el Ministerio de Salud — responde a un patrón más clásico pero contundente: inasistencias injustificadas reiteradas.
En varios casos, los sumarios acreditaron ausencias prolongadas sin justificación, incumplimiento sistemático de horarios y abandono de tareas, lo que derivó directamente en la expulsión de los agentes.
Este tipo de faltas, si bien menos “impactantes”, son de las más frecuentes y suelen terminar en cesantía cuando se vuelven reiteradas y no hay respuesta del trabajador.
Otro grupo de sanciones se vincula con irregularidades en el cumplimiento de funciones, donde los agentes no ejecutaban correctamente sus tareas o incumplían obligaciones básicas del puesto.
Estos casos incluyen deficiencias en la prestación del servicio, incumplimiento de deberes funcionales y falta de responsabilidad en áreas sensibles, lo que fue considerado incompatible con la continuidad en la administración pública.
También se registraron situaciones de violencia laboral y conductas inapropiadas dentro del ámbito de trabajo, que derivaron en cesantías tras la intervención administrativa.
Si bien no siempre trascienden detalles finos en los decretos, los sumarios concluyeron que se trataba de comportamientos graves que afectaban el funcionamiento de las áreas y el clima laboral.
Las medidas alcanzan a distintas áreas del Estado:
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con un decreto para instruir a la Asesoría de Gobierno a iniciar acciones judiciales para excluir la tutela sindical de agentes de la Cámara de Senadores.
El objetivo es habilitar decisiones laborales —como la finalización de vínculos o no renovaciones— en casos donde los trabajadores cuentan con protección gremial.