El Gobierno dio a conocer en el Boletín Oficial la cesantía de médicos en Mendoza por irregularidades severas y presuntos fraudes. Los detalles.
Médicos muertos y licencias eternas: escándalo por los despidos en Salud de Mendoza.
El Gobierno de Mendoza oficializó una batería de sanciones disciplinarias contra médicos y empleados del sistema de salud provincial, tras la conclusión de distintos sumarios administrativos. Las medidas, incluyen cesantías por abandono de trabajo, incumplimiento de funciones, presentación de certificados médicos falsos y ausencias injustificadas prolongadas.
Los decretos llevan la firma del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Salud, Rodolfo Montero. A través de estas normas, se ratificaron resoluciones adoptadas previamente por hospitales públicos y organismos sanitarios, además de resolverse expedientes que se encontraban en trámite desde años anteriores.
Uno de los hechos más graves detectados por la instrucción sumarial involucra a un profesional del área de salud que presentó un certificado médico para justificar una ausencia laboral. La investigación administrativa comprobó que el documento llevaba la firma de un médico que había fallecido años antes de la emisión del papel y que, además, nunca había pertenecido al establecimiento sanitario cuyo membrete figuraba en el formulario.
Aunque el dictamen inicial de la junta instructora había recomendado una suspensión, el Poder Ejecutivo consideró que la gravedad del hecho justificaba la sanción máxima de cesantía. No obstante, la aplicación efectiva de la medida quedó condicionada a las instancias judiciales correspondientes, debido a que el agente cuenta con tutela sindical.
En paralelo, se ratificó la expulsión de un agente del Hospital Humberto Notti. En este caso, el empleado justificó sus inasistencias mediante certificados médicos cuya autenticidad fue formalmente desconocida y rechazada por la profesional que figuraba como firmante. Desde el Ejecutivo se argumentó que el uso de documentación apócrifa vulnera la confianza exigida al empleo público y constituye una falta grave incompatible con la administración estatal.
La auditoría oficial también detectó ausencias prolongadas que derivaron en desvinculaciones definitivas. El caso más extremo corresponde a una médica que permanecía sin prestar servicios desde hacía más de una década. La profesional había usufructuado una licencia extraordinaria sin goce de sueldo y, tras el vencimiento de la misma, nunca regresó a sus funciones ni formalizó su renuncia, lo que las autoridades encuadraron como una clara voluntad de no reincorporarse.
Una situación similar se constató en el Hospital Luis Lagomaggiore, donde se confirmó la cesantía de una agente que dejó de presentarse a trabajar una vez finalizado su período de licencia sin goce de haberes, configurándose el abandono de trabajo al no regularizar su situación ni justificar las faltas.
Asimismo, se dio de baja a un trabajador perteneciente al Programa Sumar+. Tras cumplir una licencia excepcional de un año sin percepción de sueldo, el agente no retomó su puesto. Según consta en el expediente, el empleado fue formalmente emplazado por las vías administrativas para reincorporarse y no respondió a los requerimientos, optando además por no declarar ni presentar descargos durante el proceso sumarial.
Por último, los decretos ratificaron la cesantía de una médica del Hospital Diego Paroissien. La investigación interna comprobó que la profesional incurrió en reiteradas irregularidades en los registros de asistencia durante varios meses del año 2021.
El sumario acreditó que la agente asentaba formalmente sus ingresos y egresos en el nosocomio, pero se retiraba sin cumplir efectivamente con sus tareas asignadas ni prestar los servicios médicos correspondientes en las jornadas señaladas, configurando un incumplimiento grave de los deberes establecidos para el personal de salud.
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