Guardati tenía 21 años cuando fue detenido por un efectivo policial en Godoy Cruz. Tres expolicías fueron acusados de participar en la desaparición forzada del joven. Los detalles.
La causa fue considerada imprescriptible debido al carácter continuo del delito de desaparición forzada
El 24 de mayo de 1992 desapareció Cristian Guardati, un joven de 21 años que vivía en el barrio La Estanzuela, en Godoy Cruz. Su caso quedó marcado como uno de los episodios más graves y controvertidos de la historia reciente de Mendoza, al involucrar a efectivos policiales en una desaparición forzada ocurrida en democracia.
La desaparición de Guardati ocurrió apenas dos años después de otro hecho que conmocionó a la provincia: los casos de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, quienes también fueron vistos por última vez luego de ser interceptados por la Policía.
Aquella noche, Guardati había asistido a un baile realizado en la escuela Atilio Anastasi. Durante el evento mantuvo un entredicho con un oficial policial y, horas más tarde, comenzó una persecución contra el joven y un grupo de amigos.
Según consta en la causa, a la altura de la manzana 32 del barrio La Estanzuela, el efectivo (que se encontraba armado) detuvo a Guardati, lo esposó y lo trasladó caminando hasta el Destacamento Policial de la zona, ubicado a pocos metros. Allí fue visto con vida por última vez. Al día siguiente, su madre, Hilda Gladyz Lavizzari, denunció la desaparición en la Comisaría 7ª de Godoy Cruz.
La investigación inicial quedó a cargo del entonces principal Sisterna López, quien instruyó el sumario y designó como secretario al exoficial subinspector Néstor Ramón Falcón.
Aunque intervino el Segundo Juzgado de Instrucción de Mendoza, dos días después de la denuncia el entonces comisario mayor Ramón Ignacio Ahumada Rodríguez elevó un informe sobre las actuaciones. Sin embargo, el sumario completo recién fue remitido 23 días más tarde.
Para la Justicia, durante ese período se habrían realizado distintas maniobras destinadas a obstaculizar la investigación y evitar que el hecho fuera conocido de manera inmediata por las autoridades judiciales competentes. El 9 de febrero de 1993, la jueza subrogante de la causa procesó a cuatro efectivos del Destacamento de La Estanzuela por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado.
En paralelo, otras diez personas fueron procesadas por presunto encubrimiento vinculado al ingreso y egreso de un cadáver (que se sospechaba podía pertenecer a Guardati) en el Hospital Lagomaggiore y el Cementerio de Capital. No obstante, en abril de 1993 la Justicia dictó la falta de mérito para los policías investigados y, seis meses después, al no incorporarse nuevas pruebas, resolvió su sobreseimiento.
Ante la falta de avances, en octubre de 1993 la madre del joven llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Años después, en octubre de 1997, la CIDH emitió un informe en el que recomendó al Estado argentino publicar y difundir ampliamente las conclusiones elaboradas por la Comisión ad hoc que investigó el caso. Además, resolvió supervisar las medidas adoptadas por el Estado hasta el cumplimiento total de las recomendaciones.
La causa tomó un nuevo impulso en noviembre de 2021, cuando la Oficina Fiscal ordenó una serie de medidas investigativas, entre ellas la exhumación de restos óseos para realizar comparaciones genéticas con muestras aportadas por la familia Guardati. Sin embargo, los estudios descartaron que esos restos pertenecieran al joven desaparecido.
A partir de allí, representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la nulidad de los sobreseimientos dictados décadas atrás y pidieron la detención de policías vinculados tanto al Destacamento de La Estanzuela como a la Comisaría 7ª de Godoy Cruz.
Finalmente, en diciembre de 2024, la Justicia Federal ordenó la detención de los expolicías Adolfo José Siniscalchi, Néstor Ramón Falcón y Ramón Ignacio Ahumada, acusados de haber participado en uno de los episodios más oscuros ocurridos en Mendoza desde el retorno de la democracia.
La investigación es supervisada por el juez federal Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal N.º 3, con intervención de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos encabezada por Dante Vega y la colaboración de Daniel Rodríguez Infante, titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Mendoza.
Aunque durante la década de 1990 la Justicia provincial sobreseyó a los entonces acusados Walter Rubén Godoy, José Aracena, Oscar Ramón Luffi y Walter Rolando Páez, la investigación federal reactivó el expediente bajo una nueva perspectiva judicial.
La causa fue considerada imprescriptible debido al carácter continuo del delito de desaparición forzada presuntamente cometido por agentes del Estado, lo que permitió reabrir el expediente más de tres décadas después de la desaparición de Cristian Guardati.