La Legislatura aprobó una norma que responsabiliza a los funcionarios del gobierno provincial que no responden dentro de los plazos legales.
La provincia de Mendoza ya tiene una ley que sanciona el silencio de funcionarios ante los reclamos ciudadanos.
Foto: Cristian LozanoLa Cámara de Senadores aprobó este martes un proyecto de ley que habilita sanciones para los funcionarios del gobierno provincial que omitan responder reclamos ciudadanos en tiempo y forma. La iniciativa, que recibió el respaldo unánime de todos los bloques legislativos, apunta a terminar con la práctica de la “denegación tácita”, es decir, el silencio del Estado frente a un pedido formal de cualquier ciudadano de la provincia de Mendoza.
La nueva normativa incorpora el artículo 38 bis a la Ley N.º 3918 (Código Procesal Administrativo). Esta ley ya contemplaba que la Suprema Corte de Justicia puede intervenir cuando no hay respuesta a un reclamo, pero el nuevo artículo da un paso más: establece que, en esos casos, debe individualizarse al funcionario responsable del incumplimiento y aplicar las sanciones disciplinarias previstas en la Ley 9003.
La sanción se aplicará cuando la Corte admita una acción por "denegación tácita", es decir, por la ausencia de respuesta dentro del plazo establecido. A partir de ahora, el órgano judicial deberá identificar expresamente al agente o funcionario responsable y requerir al organismo correspondiente que actúe disciplinariamente por la mora administrativa.
El autor del proyecto, el senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti, explicó que la iniciativa busca combatir una práctica habitual en la administración pública: no responder, con lo que se bloquea o demora el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía.
“La denegación tácita no solo vulnera el derecho de defensa de los ciudadanos, sino que también genera indefensión. Se puede evitar si los funcionarios actúan con la debida diligencia”, sostuvo Magistretti.
Además, subrayó que la norma apunta a generar un cambio cultural dentro del Estado: “Buscamos avanzar hacia una administración más transparente, eficiente y responsable. El silencio no puede ser una forma de gestión”.
El proyecto, que había sido modificado en la Cámara de Diputados, volvió al Senado para su sanción definitiva. Durante el debate, todas las bancadas coincidieron en la necesidad de dotar al Estado de herramientas que aseguren el cumplimiento efectivo de los plazos administrativos y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios.
Con la aprobación de esta ley, Mendoza da un paso importante hacia una gestión pública que no solo esté obligada a actuar, sino también a responder y asumir responsabilidades cuando no lo hace.
