Tras la oficialización de las listas municipales, un sector del peronismo cuestionó el mecanismo aprobado en el congreso partidario y denunció restricciones a la participación.
Arde la interna en el Partido Justicialista de Mendoza.
Foto: Cristian LozanoLa interna en el peronismo mendocino explotó luego de que se oficializaran las listas de candidatos para las elecciones en seis municipios que se desarrollarán el 22 de febrero de 2026. Las nóminas presentadas dejaron afuera al sector kirchnerista —liderado por la senadora Anabel Fernández Sagasti—, que decidió presentarse ante la Justicia para impugnar el método de selección votado en el congreso partidario del 29 de noviembre.
Los concejales Paloma Scalco (Luján de Cuyo) y Juan Manuel Villalba (Rivadavia), junto al abogado y dirigente peronista Nadir Yasuff, acudieron a la Justicia federal con competencia electoral con un cuestionamiento a las modificaciones a la carta orgánica aprobadas en el órgano interno del Partido Justicialista.
Según la presentación judicial, las reformas introducidas alteran el mecanismo vigente de elección interna y restringen “gravemente” la participación democrática y el derecho de las minorías dentro del partido.
Los denunciantes solicitaron a la Justicia el rechazo de esas modificaciones, al considerar que vuelven “ilusoria” cualquier posibilidad real de competencia interna, al concentrar la definición de las listas en un “órgano reducido y con escasa legitimidad democrática”.
En el escrito se remarca que el Congreso Partidario delegó en solo ocho personas la facultad de seleccionar candidaturas, “desplazando los métodos participativos previamente establecidos y contradiciendo tanto la tradición interna del partido como el marco normativo electoral”.
Uno de los ejes centrales del planteo apunta a que “la suspensión de las PASO no habilita a restringir derechos internos”. Por el contrario, recuerdan que la Cámara Nacional Electoral, mediante la Acordada N.º 37/2025, remarcó la obligación de los partidos de resguardar la democracia interna y la participación de las minorías al definir candidaturas.
Además, cuestionan el argumento del “escaso tiempo” utilizado para justificar el cambio, al señalar que desde hace más de seis meses se conocía el desdoblamiento electoral en los departamentos de Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael, y que el propio Congreso ya había aprobado previamente un método de selección distinto (elecciones internas) para todo el año electoral.
“La situación actual no es producto de una emergencia imprevista, sino de la desidia —o la intencionalidad— de la conducción partidaria”, sostienen en el escrito.
La presentación también advierte sobre la presunta concentración de poder en un órgano derivado del Consejo Provincial que, según denuncian, no tiene funciones electorales claras en la Carta Orgánica y cumple históricamente tareas ejecutivas.
A esto se suma que entre sus integrantes figuran intendentes y familiares directos de jefes comunales de distritos donde se celebrarán elecciones, lo que —afirman— evidencia un conflicto de interés.
Además, reparan en el hecho de que ese órgano está integrado por intendentes y el titular del PJ, que responden a los intereses del sector opuesto al camporismo. “En un colegio electoral de apenas ocho personas, donde al menos tres tienen intereses directos en el resultado, cualquier posibilidad de competencia real para las minorías se transforma en una ficción”, señala el planteo.
Ante la imposibilidad de revertir la decisión por vías partidarias —al haber sido adoptada por el Congreso—, el sector kirchnerista solicitó que la Justicia intime al PJ a adecuar su normativa interna, garantizando un proceso de selección de candidaturas democrático, transparente y respetuoso de las minorías.
“El derecho a participar no puede reducirse a una formalidad vacía”, concluye la presentación.
Previa a esta acción judicial, los sectores mantuvieron negociaciones para un armado conjunto de las listas, que no llegaron a buen puerto. Puntualmente, el kirchnerismo reclamaba participación real en las nóminas de Luján y Rivadavia, los dos municipios que van a las urnas y no son gobernados por el peronismo.
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