Sebastián Sarmiento defendió su accionar en los casos por los que fue denunciado ante el Jury y citó un pronunciamiento favorable de la ONU.
El juez de Ejecución Penal habló mientras avanza el juicio político.
Foto: Archivo Asociación Pensamiento PenalEl juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento rompió el silencio tras el avance del Jury de Enjuiciamiento que derivó en su suspensión preventiva y el inicio del juicio político en su contra. A través de un comunicado de prensa, defendió su actuación y cuestionó el procedimiento adoptado por el órgano acusador.
En el texto, el magistrado aseguró que desde el inicio del trámite mantuvo una actitud de colaboración y sostuvo que el Jury resolvió avanzar sin haber incorporado pruebas que, según planteó, resultan centrales para evaluar su desempeño.
Sarmiento explicó que, al contestar la denuncia, ofreció pruebas destinadas a contextualizar sus decisiones jurisdiccionales, entre ellas informes estadísticos oficiales sobre su producción desde 2018, antecedentes jurisprudenciales coincidentes, informes del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Penitenciario, además de testimonios técnicos de magistrados y especialistas.
Según señaló, ninguno de esos elementos fue incorporado ni valorado al momento de resolver su suspensión. Fueron esos los argumentos —explicó— por los cuales presentó un planteo de nulidad de carácter técnico contra la continuidad del juicio político y su suspensión preventiva.
El juez cuestionó que esa resolución no consigne los fundamentos ni el voto individual de cada integrante, requisitos que —afirmó— exige la normativa vigente para actos de esa trascendencia. Aclaró que el planteo no apunta contra el Tribunal, sino a resguardar el debido proceso y la validez institucional del procedimiento.
En su defensa, Sarmiento también citó declaraciones de Jorge Contesse (Chile), uno de los diez expertos que integran el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
El jurista internacional advirtió que no parecerían existir cuestiones de mala conducta en su labor, pese a que enfrenta un proceso de remoción por decisiones adoptadas como juez de ejecución penal, entre ellas el otorgamiento de prisiones domiciliarias durante la pandemia y su postura frente al retiro de celulares en las cárceles.
De acuerdo a Contesse, si el proceso avanzara sin fundamentos suficientes, podría tener un “efecto inhibidor” sobre el resto de la Justicia provincial, por lo que pidió que el organismo de la ONU se expida al respecto.
En ese sentido, Sarmiento reclamó el respeto al debido proceso y a la independencia judicial, ya que su "inobservancia" podría generar responsabilidad internacional para el Estado argentino, algo que —remarcó— ya fue advertido por organismos internacionales de derechos humanos.
La defensa del magistrado se conoce días después de que el gobernador Alfredo Cornejo respaldara públicamente el avance del Jury y cuestionara con dureza el accionar del juez.
“El juez Sarmiento no contribuye a la seguridad de los mendocinos”, afirmó el mandatario, al enumerar casos en los que personas liberadas cometieron homicidios y abusos sexuales, entre ellos el del expolicía Héctor Pelayes y otro que terminó con el abuso reiterado de una nena de 12 años.
Cornejo aclaró que los jueces no son responsables directos de la inseguridad, pero sostuvo que pueden ser indirectamente responsables cuando dejan en libertad anticipadamente a personas con conductas violentas. También cuestionó la estrategia defensiva del magistrado, al señalar que está “buscando dilatar los procesos” mediante la presentación de nulidad del proceso.
Actualmente, Sarmiento permanece suspendido y percibe la mitad de su salario, mientras avanza el juicio político. El juez cuenta con un plazo de un mes para presentar pruebas, tras lo cual el Jury deberá resolver si lo absuelve o si avanza con una sanción que puede ir desde una suspensión de 180 días sin goce de haberes hasta la destitución.
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