La Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto que habilita el uso de filmaciones realizadas por ciudadanos para advertir infracciones viales y siniestros, a través de canales digitales oficiales. La iniciativa fue impulsada por legisladores de La Unión Mendocina y el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza.
Los legisladores señalaron que el objetivo de esta propuesta no persigue fines recaudatorios ni sancionatorios, sino que apunta a generar conciencia y disuadir conductas imprudentes al volante ante negligencia de los conductores y con el aporte de la tecnología. Tras el aval del Senado en la Legislatura de Mendoza pasó a Diputados.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, defendió la iniciativa al poner el foco en la prevención y en el rol social frente a la seguridad vial. En ese sentido, advirtió que una parte sustancial de los siniestros viales con consecuencias graves podría evitarse con conductas responsables al volante.
"Este proyecto tiene como objetivo principal el tema preventivo. Creemos que va a funcionar preventivamente ese modo testigo. Hay zonas donde no hay conectividad ni vigilancia digital, zonas donde se nos hace difícil incluso tener controles con gendarmería, con policías, con personal vial de los distintos municipios. En esos casos entendemos que un ciudadano puede captar la infracción de otra persona", afirmó.
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Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia.
Foto: Yemel Fil
“El 60% de los casos con resultados fatales, es decir, una muerte en materia vial, tienen que ver con negligencias; estas son estadísticas nacionales”, sostuvo. A partir de esos datos, remarcó: “Si nosotros miramos eso entendemos que nos queda mucho por hacer como ciudadanos en materia de responsabilidad cuando nos subimos a un vehículo”.
La ministra valoró el aporte de los vecinos que registran situaciones irregulares en la vía pública y las ponen a disposición de las autoridades. “Pongo en valor estos ciudadanos que al reproducir esos videos, al captarlos, lo que están haciendo es también ser corresponsables en esa materia vial”, afirmó, y aclaró que el objetivo central del sistema no es castigar, sino prevenir.
La funcionaria detalló que, cuando el material aportado resulta claro y verificable, puede transformarse en una herramienta válida para avanzar en instancias formales. “Si esa información es contundente, si podemos circuncribirla en un tiempo y un lugar, y si incluso quien filmó nos pasa sus datos como posible testigo y se suman otros indicios, podemos hacer un informe para llevarlo a la justicia vial y eventualmente que eso termine en una sanción”, indicó.
Infracciones viales y causas penales
Además, Rus subrayó la importancia de este tipo de registros en casos más complejos, incluso aquellos que derivan en causas penales. “Hemos tenido en la provincia accidentes de tránsito con una muerte, donde alguien pasa en rojo y mata a otra persona, y muchas veces la cámara cercana no visibilizó justo el lugar para saber cómo estaba el semáforo”, explicó. En esos escenarios, señaló que “hay evidencia, hay videos de particulares que sí aportan”, y aunque no siempre permiten alcanzar una certeza absoluta, “siempre son indicios y son importantes”.
Finalmente, destacó que el valor de estas pruebas excede el plano de los accidentes viales: “No solo sirve para el tema de infracciones, sino también para que la gente sepa que ese documento, esa evidencia, puede servir en alguna otra causa de importancia para la ciudadanía”.
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Accidente vial.
Foto: Yemel Fil
Qué dice la norma que habilita denuncias viales con filmaciones ciudadanas
En los últimos meses, esta problemática se hizo especialmente visible en la Ruta Nacional 7 y en otras arterias de alto tránsito, donde la extensión territorial y el aumento estacional de la circulación evidencian las limitaciones de los controles tradicionales del Estado.
El proyecto fue presentado por el senador Germán Vicchi, junto a Ariel Pringles, Flavia Manoni, Gabriel Pradines, Martín Rostand y Valentín González, y tiene como objetivo actualizar el régimen vigente en materia de tránsito frente a un escenario marcado por el incremento de infracciones y accidentes en distintos puntos del territorio provincial.
El material audiovisual será remitido a través de canales oficiales, como plataformas digitales o líneas habilitadas, donde el Ministerio de Seguridad y Justicia realizará un primer análisis para verificar la autenticidad de la imagen, su ubicación temporal y espacial, y la posible intervención de herramientas de inteligencia artificial. Posteriormente, la valoración definitiva quedará a cargo del Juzgado Vial correspondiente.
La norma establece que el conductor de un vehículo no podrá filmar mientras conduce, quedando habilitado únicamente el uso de cámaras incorporadas en los vehículos o la filmación por parte de un acompañante. Además, se aclaró que el aporte ciudadano no constituye una denuncia formal, sino una comunicación que deberá ser evaluada por la autoridad competente.
Cada municipio deberá contar con un mecanismo de recepción, labrar el acta correspondiente y remitirla al juez vial competente en un plazo máximo de 48 horas. El proyecto incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9024, que regula el aporte ciudadano de registros audiovisuales y establece que el material recibido no otorga fe pública por sí mismo.
La autoridad de aplicación podrá descartar aquellos registros que no correspondan a la jurisdicción o presenten indicios evidentes de falsedad. Como resguardo ante posibles abusos, se establece que las comunicaciones falsas o el uso de material adulterado mediante inteligencia artificial deberán ser informadas al Ministerio Público Fiscal para la eventual apertura de actuaciones penales.