El Gobierno Nacional prepara una reforma integral de la Secretaría de Inteligencia que será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que podría publicarse en las próximas horas. La iniciativa apunta a otorgar mayor poder a la SIDE, actualmente conducida por Cristian Auguadra.
Todas las actividades de inteligencia pasarán a ser encubiertas
Según el texto al que accedió NA, el DNU establece que todas las actividades de la Inteligencia Nacional tendrán carácter encubierto, en función de su sensibilidad y con el objetivo de reducir el Riesgo Estratégico Nacional. Esta definición generó cuestionamientos desde sectores de la oposición por el alcance y la falta de debate parlamentario.
Uno de los puntos más controvertidos habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de orden judicial o delito en flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Además, se autoriza a los organismos del sistema a proteger sus instalaciones, bienes y personal, incluso repeliendo agresiones durante operativos o desplazamientos.
La reforma también incluye una reorganización institucional: la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos se transformará en la Inspectoría General de Inteligencia.
Separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia
Otro eje central del DNU es la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La protección de redes y sistemas quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a través del Centro Nacional de Ciberseguridad, mientras que la ciberinteligencia dependerá de la SIDE, enfocada en la detección de amenazas estratégicas.
Desde el Ejecutivo aseguran que la reforma moderniza y legitima el sistema, lo adapta a amenazas tecnológicas, políticas y cognitivas y refuerza los controles internos. El DNU también habilita a la inteligencia a solicitar apoyo técnico a las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y asigna esa función al Estado Mayor Conjunto.