La desregulación y el desequilibrio en la cadena productiva profundizan la fragilidad económica del sector yerbatero. Qué pasa con una emblemática marca.
Una marca histórica de yerba mate al borde del colapso tras la desregulación del sector
El sector de la yerba mate atraviesa un momento crítico desde la asunción de Javier Milei como presidente. Con el impulso de las políticas de desregulación de la actividad yerbatera —principalmente concentrada en Misiones y el norte de Corrientes—, la cadena productiva ingresó en una etapa de crisis sostenida.
Desde la publicación del DNU 70/2023, que recortó las principales facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se avanzó en el retiro de la intervención estatal sobre una actividad clave para la economía regional. El nuevo escenario modificó de manera profunda el funcionamiento del mercado y alteró los equilibrios internos del sector.
En este contexto, los primeros en alertar sobre la gravedad de la situación fueron los pequeños y medianos productores. Sin la mediación del INYM, la industria molinera comenzó a pagar el precio que fijaba de manera unilateral por la materia prima, en muchos casos muy por debajo de los costos de producción, con plazos de pago que llegan hasta los 120 días, lo que dificulta e incluso imposibilita las tareas de cosecha.
En Misiones, las cooperativas cumplen un rol central para los productores agropecuarios, ya que funcionan como espacios de contención frente a los vaivenes del mercado y como herramientas para defender precios más justos.
La primera en advertir una situación de estrés financiero fue la Cooperativa Andresito, elaboradora de una de las marcas más reconocidas del mercado. Días atrás, la entidad comunicó a sus socios que, debido a la crisis del sector, entró en una cesación de pagos hasta que se aclare el panorama económico.
En las últimas horas, la atención se concentró en la situación de la popular marca La Hoja, luego de que se conociera una extensa lista de cheques rechazados. Esta situación no solo afecta al molino, sino también a cooperativas más pequeñas que le proveen yerba verde, profundizando el efecto dominó dentro de la cadena.
Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cooperativa acumula una deuda superior a los $1.200 millones, correspondiente a 398 cheques rechazados. Entre los acreedores figuran cooperativas de menor escala, como KM 16, que también denunció dificultades para cumplir con sus compromisos al no percibir los pagos de La Hoja.
“La cooperativa tiene 20 años, está conformada por 20 socios y compramos yerba a terceros productores. Son unas 110 familias, de las cuales cerca de 50 no cobraron. La bomba explotó hace 60 días, con los primeros cheques rebotados de la yerba canchada que le vendimos al molino La Hoja. Eso hizo que rebotaran nuestros cheques”, explicó a Bichos de Campo el productor y tesorero de la entidad, Patricio Koch.
En diciembre de 2023, con la entrada en vigencia del DNU 70/23, el Gobierno nacional avanzó en una desregulación profunda del mercado que dejó sin efecto una de las herramientas centrales del INYM: la facultad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada.
La decisión alteró de forma inmediata el equilibrio de la cadena y expuso con mayor crudeza las asimetrías de poder entre productores primarios, cooperativas, secaderos y grandes molinos.
Hasta entonces, el INYM funcionaba como un ámbito de negociación donde, con mayores o menores tensiones, se establecían valores de referencia que permitían al menos cubrir los costos básicos de producción. Con la desregulación, ese espacio desapareció y el precio quedó librado a negociaciones directas entre actores con capacidades muy desiguales.
La crisis también impactó de lleno en el plano social. Los tareferos, trabajadores esenciales para la cosecha, vieron deteriorarse su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación y paritarias rezagadas. La caída de la actividad en las chacras redujo los días de trabajo y profundizó situaciones de vulnerabilidad en zonas rurales ya de por sí frágiles.
En paralelo, crecieron las protestas, los reclamos públicos y los pedidos de intervención estatal, tanto a nivel provincial como nacional.
Frente a este escenario, el Gobierno de Misiones impulsó durante 2025 la conformación de mesas de diálogo sectoriales y herramientas de asistencia para sostener a productores y cooperativas. No obstante, las soluciones estructurales continúan condicionadas por la política nacional de desregulación, que sigue siendo el eje central del conflicto/ Iprofesional
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