La medida del Gobierno de Mendoza busca "proteger" el salario del personal ante ausencias por razones de salud, como cirugías o embarazos de alto riesgo.
El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias del personal policial y del sistema penitenciario para garantizar el cobro íntegro del adicional por “recargo de servicio” durante determinadas ausencias por razones de salud, como cirugías o embarazos de alto riesgo.
La medida fue oficializada este martes, a través del decreto 2939 publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a efectivos que soliciten licencia especial para tratamiento médico, incluidas las enfermedades catastróficas certificadas por Sanidad Policial, así como los casos de cirugías cuya alta médica se otorgue luego de siete días desde la intervención, siempre que exista certificación médica válida y registrada ante la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP).
La normativa también contempla el pago completo del adicional en situaciones de embarazo de alto riesgo de integrantes de la Policía de Mendoza. En los casos de licencias por cirugías, se exige además la intervención de la División Sanidad Policial, que deberá avalar la necesidad del período de recuperación hasta el alta médica, con el objetivo de unificar criterios y evitar interpretaciones dispares en la liquidación salarial.
En paralelo, se introdujeron cambios similares para el personal del Servicio Penitenciario Provincial. El decreto establece que el recargo de servicio será abonado en su totalidad a quienes accedan a licencias por razones de salud previstas en la ley específica del sector, incluyendo enfermedades catastróficas, cirugías con recuperación prolongada y embarazos de alto riesgo, con la correspondiente validación médica y la intervención de la Junta Médica.
El Ministerio de Seguridad y Justicia, que tiene al frente a Mercedes Rus, quien firmó el decreto junto a Alfredo Cornejo, impulsó estos cambios al tras una auditoría integral dispuesta en agosto de 2024, que se extendió durante 2024 y 2025. El relevamiento, a cargo de una comisión especial, abarcó a todo el personal en uso de licencia, con foco en los casos con antecedentes y acumulación prolongada de días.
Como parte de ese proceso, se actualizaron los criterios para la calificación de las denominadas “enfermedades catastróficas” mediante resoluciones ministeriales y se implementó un convenio con OSEP para reforzar el control de ausentismo y el funcionamiento de la Junta Médica, explica la norma. A partir de los resultados obtenidos, el Ministerio consideró necesario modificar el Decreto 886/16 para los casos de personal policial y penitenciario que cumple parcialmente el recargo de servicio por razones estrictas de salud.
Los informes técnicos de Sanidad Policial y el dictamen de Asesoría Letrada avalaron la medida al señalar que las intervenciones quirúrgicas implican riesgos y tiempos de recuperación variables, que deben evaluarse caso por caso por las juntas médicas competentes. En ese marco, se sostuvo la necesidad de garantizar protección económica a los agentes durante licencias médicas, sin objeciones legales para avanzar en una reglamentación que preserve el adicional por recargo de servicio.
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