La Provincia autorizó un llamado a licitación pública para instalar tecnología de bloqueo de comunicaciones en los complejos Almafuerte I y II. La inversión supera los $3.600 millones y busca reforzar el control dentro de los penales.
Avanza el plan del Gobierno para restringir el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
Foto: Yemel FilEl Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en su estrategia para impedir las comunicaciones ilegales desde las cárceles provinciales. A través del Decreto 1283, publicado en el Boletín Oficial, autorizó el llamado a licitación pública para adquirir un sistema de inhibición de señal destinado a los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II, con una inversión oficial de $3.625 millones.
La medida lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y de la ministra de Seguridad y Justicia María Mercedes Rus, y encomienda a la División Compras del Ministerio de Seguridad avanzar con el proceso licitatorio.
La contratación contempla la adquisición de un sistema de inhibición de señales para ambos complejos penitenciarios, dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario, con el objetivo de fortalecer la seguridad y evitar que personas privadas de la libertad puedan mantener comunicaciones no autorizadas con el exterior.
El decreto también señala que el gobernador había autorizado originalmente una inversión de 2,5 millones de dólares, equivalente en ese momento a $3.550 millones. Sin embargo, debido a la variación del tipo de cambio, el monto actualizado en pesos asciende ahora a $3.625 millones, aunque el valor autorizado en dólares permanece sin modificaciones.
La licitación se enmarca en la política que impulsa el Gobierno provincial para restringir el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. En los últimos años, la Provincia avanzó en el retiro de esos dispositivos y en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para controlar las comunicaciones de los internos.
A diferencia de los sistemas tradicionales que bloquean la señal en amplias zonas, Mendoza viene trabajando con tecnologías de inhibición selectiva, que buscan evitar interferencias sobre las comunicaciones del personal penitenciario y de las áreas cercanas a los penales.
La nueva inversión representa un incremento significativo respecto de la licitación realizada en 2025, cuando el Gobierno había destinado poco más de $2.300 millones para incorporar tecnología de georreferenciación e inhibición de señales.
Una vez adjudicada la licitación, la empresa seleccionada deberá proveer e implementar el sistema de inhibición en los complejos Almafuerte I y II, considerados los establecimientos penitenciarios de mayor capacidad de la provincia.
