Además, aprobó otras iniciativas para modernizar el Estado provincial y mejorar la eficiencia administrativa. De qué se trata.
La Cámara de Diputados de Mendoza le dio la sanción definitiva a la adhesión al RIMI
La Cámara de Diputados de Mendoza le dio la aprobación final al proyecto de "Ley macro", enviado por el Ejecutivo provincial, que incluye la adhesión al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos, y la liquidación de activos de la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (DAABO).
La legislación fue aprobada por mayoría de votos, y permitirá “continuar avanzando con la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento a la inversión, buscando transformar la Administración Pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la creación de un ecosistema atractivo a la inversión”, según afirman los considerandos.
Luego de su paso por ambas Cámaras, la normativa tuvo aportes del Poder Ejecutivo, como también de Diputados y Senadores, que se vinculan con ampliar beneficios impositivos a nivel local, mencionados en la Ley 27.802, para quienes adhieran al RIMI, y específicamente delimitados en el tiempo.
Además de la adhesión, la propuesta suma beneficios propios como estabilidad impositiva, financiamiento, capacitación y prioridad en parques industriales para impulsar la radicación y el crecimiento de empresas, con el objetivo es atraer nuevas inversiones, generar empleo y fortalecer la producción local.
El proyecto elevado por el Ejecutivo provincial incorpora beneficios complementarios a nivel local, que tendrán una vigencia de 10 años, para maximizar el impacto de las inversiones en el territorio, e incluyen:
El proyecto impulsa una refuncionalización integral del Fondo para adecuarlo al nuevo escenario económico. Contempla dejar atrás el esquema de créditos directos, fortalecer el acceso al financiamiento privado y ordenar el proceso administrativo, patrimonial y laboral del organismo. El Fondo, fue creado por la Ley 6071 en 1993, con el objetivo de adaptar esta herramienta a las necesidades actuales del sector productivo y ampliar el alcance de las políticas de financiamiento.
Para el caso de la refuncionalización del FPTyC, se manifestó que la letra final suma aportes en lo referido a la “reformulación de las pautas de liquidación”. Se establece que “se mantiene la definición del liquidador pero reformula y amplía sus facultades”; en sí el Ministerio de Hacienda y Finanzas tendrá a su cargo la liquidación del FPTyC, para lo cual deberá nombrar un liquidador que contará con las facultades y recursos necesarios para esta labor.
Asimismo, durante el proceso de liquidación y supresión de la administradora provincial del FPTyC “quedarán suspendidas las obligaciones de remisión de informes y publicaciones”; en su reemplazo, “el liquidador deberá presentar un informe trimestral” de avance de liquidación ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Legislatura.
En el caso de la reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos, se sostiene que no se verán afectados los fondos vinculados a los programas de salud; por lo que se manifiesta que no se exime de cumplimiento lo dispuesto “en el inciso D del artículo 30 de la Ley 8701”.
El proyecto busca otorgar facultades a ese organismo para modificar áreas y funciones, y avanzar en una reorganización integral en el plazo de un año. También incluye medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público.
La iniciativa establece que el organismo dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.
Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120 % de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.
En otro orden, se apunta a eliminar activos sin posibilidad de recupero, destrabar situaciones legales de larga data y avanzar en el cierre definitivo de un proceso histórico. El objetivo es fortalecer la transparencia y eficiencia de la administración pública. El proyecto pretende avanzar en el cierre definitivo de los activos remanentes de los exbancos oficiales, en el marco del proceso de privatización llevado a cabo en la década del 90.
Busca resolver una problemática histórica vinculada a la liquidación de estas entidades y avanzar en el ordenamiento de activos que permanecen pendientes desde hace casi 30 años. La iniciativa también propone adecuar el marco normativo vigente, eliminando disposiciones que dificultan este proceso y simplificando procedimientos administrativos para hacerlo más ágil.
En paralelo, con esta norma se busca reducir riesgos de litigiosidad y fortalecer la seguridad jurídica, al cerrar procesos pendientes y evitar nuevos conflictos derivados de la permanencia de estos créditos en los registros oficiales.