Las medidas restrictivas del Gobierno de Mendoza incluyen topes trimestrales y control de la ejecución presupuestaria de las distintas carteras y organismos descentralizados.
El Gobierno de Mendoza busca el equilibrio fiscal en 2026 con límites al gasto en los ministerios.
Foto: Prensa de Gobierno de MendozaEl Gobierno de Mendoza oficializó medidas para restringir el gasto y preservar el equilibrio fiscal, con el objetivo de hacer "más eficiente el uso de los fondos del Estado". Apuntan a controlar la distribución de los recursos públicos a través de topes trimestrales, acelerar trámites jubilatorios del personal, limitar la utilización de celulares oficiales, entre otros aspectos.
El decreto 2974, publicado en el Boletín Oficial el 31 de diciembre de 2025, estableció una serie de restricciones a las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo para "mantener el equilibrio presupuestario" en la ejecución de los fondos. Se aclaró que esto "no resentirá los servicios esenciales prestados" por la Provincia y que tendrá vigencia durante el 2026.
La norma lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y de distintos Ministros: Víctor Fayad (Hacienda), Mercedes Rus (Seguridad), Rodolfo Vargas (a/c ministerio de Gobierno), Rodolfo Montero (Salud), Jimena Latorre (Energía), Tadeo García Zalazar (Educación); e invita a los poderes Legislativo y Judicial, como también a los municipios a tomar medidas similares.
El decreto dispuso que las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo —Administración Central, organismos descentralizados y cuentas especiales— podrán, sobre el crédito vigente, afectar preventivamente las erogaciones corrientes y de capital, de la siguiente manera: primer trimestre, 15%; segundo trimestre, 25%; tercer trimestre, 25%; cuarto trimestre, 35%.
En tanto, los poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado podrán hacerlo hasta alcanzar el 25% acumulativo por trimestre.
La distribución inicial del ritmo del gasto podrá ser modificada mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas o de la Subsecretaría de Hacienda, a pedido de los organismos involucrados y sobre la base de la información que estos suministren. Los porcentajes establecidos se fijaron en función de la estimación de ingresos de recursos de rentas generales y recursos afectados, se explica en la norma.
Dentro de esta medida quedaron exceptuados distintos gastos, como por ejemplo: personal, locaciones de servicios, locaciones de pbras, partidas de intereses y amortización de la deuda, entre otros.
Hacienda, a cargo de Víctor Fayad, -dice el decreto- realizará el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria, tanto de los recursos como de las erogaciones, con el objetivo de mantener el equilibrio entre ambos.
Además, se dispuso que todo trámite vinculado a la partida de personal podrá iniciarse a partir del 1° de abril del 2026, quedando exceptuadas de esto las designaciones correspondientes a concursos en trámite, el cumplimiento de sentencias firmes, el plan de designaciones del personal policial y penitenciario, y los cargos vinculados a funciones en los sistemas de Salud y Educación.
Asimismo, las misiones especiales y los cambios de funciones del personal, estarán incluidas en la necesidad de autorización del Gobernador y aprobación del Ministro de Hacienda y Finanzas.
La norma estableció también que, en el ámbito de la Administración Central, solo podrán contar con teléfonos celulares oficiales el Gobernador, los ministros y ministras, secretarios y secretarias, subsecretarios y subsecretarias, y directores y directoras. No obstante, "el o la ministro/a de cada jurisdicción podrá autorizar la asignación de equipos a otros agentes cuando existan razones fundadas de servicio".
Los empleados del Estado que actualmente posean celulares oficiales y no cuenten con la autorización correspondiente deberán reintegrar los equipos en la Dirección de Informática y Comunicaciones. Esta será la encargada de registrar las altas, bajas y modificaciones de las líneas autorizadas en cada repartición; y deberá elaborar un informe mensual para el Ministerio de Gobierno y proceder a los retiros o recepciones de los aparatos correspondientes.
En cuanto al personal pronto a jubilarse, se les pidió a los Directores Generales de Administración o cargo de denominación similar de las distintas jurisdicciones que realicen todos los actos necesarios para que los agentes que estén en esas condiciones inicien con la debida anticipación los trámites correspondientes y que, a los que ya cumplieron con dicha condición, hagan efectiva a la mayor brevedad posible la jubilación.
Otro de los artículos de la norma estableció que la firma de nuevos convenios con universidades, facultades, fundaciones y otros organismos no gubernamentales que impliquen erogaciones económicas para la Provincia deberán ser aprobados expresamente por Cornejo y Fayad, previa presentación de una proyección detallada de la evolución de la partida que permita dar curso al gasto.