El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley vigente desde 2010. Cambia criterios de intervención, redefine conceptos y reabre el debate sobre internaciones y el rol de los hospitales psiquiátricos.
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley de salud mental, vigente desde 2010
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010. Lo que pretende es actualizar su alcance y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a situaciones críticas, que en el último tiempo se han incrementado.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, mientras que desde el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, brindaron detalles sobre el contenido de la iniciativa.
Según explicaron fuentes oficiales, el proyecto busca “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”, además de superar limitaciones actuales para abordar casos de emergencia.
Uno de los cambios centrales es la modificación del criterio de intervención. En lugar del enfoque actual, se propone actuar ante “situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con la intención de permitir respuestas más rápidas y preventivas.
Además, el texto plantea reemplazar el concepto de “padecimiento mental”, que desde el Gobierno consideran ambiguo, por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), incorporando la noción de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión diagnóstica.
El proyecto mantiene la internación como un recurso excepcional, aunque introduce modificaciones en su aplicación.
Se habilita que los psiquiatras puedan indicar internaciones involuntarias, que luego deberán ser ratificadas por un equipo interdisciplinario. También se propone extender de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial.
En el caso de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su estado y, si se detecta una afectación en su capacidad, la internación podrá pasar a ser involuntaria, con intervención de la Justicia.
Desde el Ejecutivo señalaron que el diagnóstico surge de un relevamiento con familiares, pacientes, profesionales de la salud y actores del ámbito judicial y legislativo.
Entre los principales problemas detectados, indicaron que solo 16 de las 23 jurisdicciones del país adhirieron formalmente a la ley vigente y que existen apenas 18 hospitales generales con servicios de salud mental.
Otro de los puntos que propone modificar la iniciativa es el esquema de atención. A diferencia de la normativa actual, que impulsa el cierre progresivo de hospitales psiquiátricos, el nuevo proyecto plantea fortalecer la red con instituciones especializadas.
En la actualidad, existen alrededor de 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas en todo el país.
Asimismo, se busca ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).
Esta propuesta responde a pedidos de familias, profesionales y fuerzas de seguridad que advierten dificultades con la normativa vigente, (la Ley 26.657 de Salud Mental y Adicciones), cuyo enfoque de "desmanicomialización" encontró algunas fallas en la práctica por la falta de dispositivos adecuados.
Una de las voces de este reclamo es la de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, para fundamentar la necesidad de revisar la ley.
“La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, cuestionó. Además, criticó el presupuesto asignado a salud mental, calificando como insuficiente el 10% destinado del total de salud.