El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto para agilizar la recuperación de viviendas del IPV
El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto en la Legislatura para acelerar los procesos de recupero de casas ante casos de falta de pago o irregularidades.
El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto en la Legislatura para agilizar la recuperación de viviendas del IPV.
El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto para modificar la normativa vigente en pos de acelerar la recuperación de viviendas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que presentan falta de pago, abandono o uso irregular.
La iniciativa contempla modificaciones en la Ley Nº 6.776, la Ley Nº 4.203 y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia. Entre los principales cambios, se plantea adecuar los procedimientos al actual sistema procesal monitorio, con el fin de agilizar los procesos de recupero.
El proyecto sostiene que el sistema de vivienda social requiere del cumplimiento recíproco de obligaciones: el Estado facilita el acceso al hábitat y los adjudicatarios deben cumplir con el pago de las cuotas y la ocupación efectiva de las casas. Según se detalla en el proyecto, el incumplimiento de estas condiciones afecta la sostenibilidad del sistema y perjudica a miles de familias que permanecen en lista de espera.
Falta de pago y casas abandonadas
Esta propuesta se basa en que se detectaron situaciones de mora persistente, abandono de las casas, cesiones irregulares, alquileres a terceros y falseamiento de datos relevantes, "conductas que desnaturalizan la finalidad social de las viviendas financiadas por el Estado".
Ante esto, el Gobierno busca incorporar herramientas jurídicas más ágiles y eficaces para que el IPV pueda recuperar las unidades habitacionales desadjudicadas y reasignarlas a nuevos beneficiarios dispuestos a cumplir con las condiciones establecidas.
Rivadavia, viviendas, IPV, 2026
Vivienda del IPV.
El proyecto parte del principio de función social de la vivienda. En ese contexto, las viviendas construidas o financiadas total o parcialmente con fondos públicos deben destinarse a resolver las necesidades habitacionales de sectores que no pueden acceder al mercado inmobiliario formal, explicó la Provincia.
Los distintos programas que desarrolla el IPV, como Mendoza Construye en sus diversas líneas, IPV Construyo Mi Casa y Mejoro Mi Casa, priorizan a grupos familiares con ingresos que no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Este esquema busca mantener un equilibrio entre la asistencia social y la devolución de los créditos otorgados.
Qué cambios plantea el proyecto
La inciativa enviada por el Ejecutivo a la Legislatura propone:
Que los desalojos impulsados por el IPV sean tramitados por la Justicia de Paz Letrada: estos tribunales cuentan con mayor proximidad territorial y herramientas más ágiles para resolver procesos de menor complejidad.
Eliminación de la necesidad de homologación judicial previa de las resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el IPV: estos actos administrativos cuentan con presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, siempre que se haya respetado el debido proceso legal.
Incorporación de un nuevo inciso al artículo 232 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, habilitando una vía procesal específica para las desadjudicaciones resueltas administrativamente por el IPV.
Modificación de la Ley Nº 4.203 para permitir que el Instituto pueda iniciar juicios de desalojo en aquellos casos en los que exista una desadjudicación firme por incumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios.
El Gobierno señaló que la propuesta apunta a fortalecer el sistema habitacional y garantizar que las unidades financiadas por el Estado lleguen efectivamente a las familias que más las necesitan.