La norma que llegó del Senado fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. Cuál fue la posición de los mendocinos y los principales aspectos de la reforma.
La Cámara Baja sancionó los cambios a la ley que regía desde 2010.
Foto: Prensa Cámara de Diputados de la NaciónLuego de largas horas de tenso debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma a la Ley de Glaciares —que contaba con media sanción del Senado — y le otorgó (entre otras modificaciones) mayor participación a las provincias en el control y desarrollo de actividades productivas en glaciares y ambientes periglaciares que —según la nueva redacción— carezcan de funciones hídricas.
La norma fue sancionada pasadas las 2.30 con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. Además de La Libertad Avanza, el texto fue acompañado por bloques aliados y legisladores que responden a los gobernadores que —a través del Consejo de Mayo— impulsaron junto a Casa Rosada los cambios a la legislación aprobada originalmente en 2010 (en 2008 se sancionó una primera versión, luego vetada por la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner).
En el inicio de la extensa sesión en la Cámara Baja, la oposición intentó sin éxito incorporar distintos temas al debate mediante apartamientos del reglamento, que fueron rechazados al no alcanzar la mayoría agravada requerida. Entre otros, se desestimaron pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionamientos por la suspensión de acreditaciones a periodistas y un proyecto para determinar la neutralidad argentina ante la guerra en Medio Oriente.
Solo una de los representantes de la provincia tomó la palabra durante el debate (Martín Aveiro también habló, pero para plantear una cuestión de privilegio contra Luis Caputo por el no reparto del impuesto a los Combustibles). Se trata de Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), quien planteó que la discusión parlamentaria debería centrarse en la crisis social y económica. Advirtió que “no puede ser que, en este contexto donde la miseria, el hambre y la pobreza siguen atravesando, estemos tratando un tema innecesario” frente a otras urgencias.
En relación al contenido del proyecto, Arrieta alertó que la modificación implica “un cambio de paradigma” que puede debilitar la protección de las reservas hídricas, especialmente en provincias áridas como Mendoza. Remarcó que “sin agua no hay agricultura, no hay vida y no hay desarrollo posible”, y cuestionó que se delegue en las jurisdicciones la determinación de la función hídrica, ya que “ahí comienzan las negociaciones y los negocios a favor de unos pocos”. “Debilitar la protección de nuestras reservas no es desarrollo”, sentenció.
Si bien los legisladores radicales que responden a Alfredo Cornejo —Lisandro Nieri y Pamela Verasay— no se expresaron durante el debate, su postura quedó establecida el día anterior, durante el plenario de comisiones. En ese ámbito, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, defendió la iniciativa y reivindicó el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales, al advertir que “decir que los técnicos de las provincias no tienen competencias es un contrasentido y una falta de honestidad intelectual”.
La funcionaria local planteó que el debate no debía “reducirse a consignas simplificadas” y remarcó la necesidad de corregir falencias de la ley vigente, vinculadas —según sostuvo— a problemas de federalismo, seguridad jurídica e “indeterminación técnica”. Propuso avanzar hacia un esquema de “federalismo de concertación”, donde se logre compatibilizar desarrollo y ambiente: “No es minería o agua, tenemos que armonizar esos intereses”. También cuestionó la concentración de decisiones en el Ianigla al hablar de una “arbitrariedad técnica”, y aseguró que la reforma buscaba “corregir falencias” y mejorar la aplicación de la norma sin resignar la protección ambiental.
La mayoría de los mendocinos avaló la propuesta de la administración libertaria y los gobernadores que redefine las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en áreas periglaciales que antes estaban completamente resguardadas. Solo el peronismo y la exoficialista Arrieta se opusieron al expediente.
