El proyecto obtuvo media sanción y pasó a Diputados. Cuál fue la posición que adoptaron Anabel Fernández Sagasti, Mariana Juri y Rodolfo Suarez. Qué contempla la norma.
Tras avalar la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, así como el acuerdo comercial Mercosur – Unión Europea, el Senado de la Nación cerró la intensa sesión de este jueves con la aprobación —y giro a Diputados— de la reforma a la Ley de Glaciares.
La norma que introduce definiciones más restrictivas, reemplaza prohibiciones absolutas por evaluaciones de impacto y redefine el rol de las provincias para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, contó con 40 votos positivos, 31 negativos y una abstención.
De los tres representantes de la provincia de Mendoza en la Cámara alta, la única que tomó la palabra durante el debate fue la peronista Anabel Fernández Sagasti (bloque Justicialista), quien tuvo a su cargo el cierre de las alocuciones de su bancada. La senadora camporista se opuso al expediente, en tanto que los dos radicales que responden al gobernador Alfredo Cornejo —Mariana Juri y Rodolfo Suarez— avalaron el texto.
Fernández Sagasti sostuvo que la reforma implica una flexibilización de los estándares ambientales establecidos por la normativa vigente. Según planteó, la ley actual fija reglas claras y criterios científicos para proteger los glaciares y el ambiente periglacial, mientras que la modificación abre la puerta a interpretaciones políticas sobre qué zonas deben ser preservadas.
La legisladora advirtió que los glaciares no son solo un paisaje, sino “una infraestructura natural y una reserva hídrica estratégica” para el país, especialmente en regiones áridas como gran parte del territorio argentino. En ese sentido, remarcó que alrededor del 70% del país depende del agua que proviene de la cordillera, lo que —según su visión— vuelve irreversible cualquier decisión que habilite intervenciones sobre esos ecosistemas.
También afirmó que la ley vigente ya había sido ratificada como constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, por lo que rechazó el argumento de que la norma generara inseguridad jurídica. A su entender, el nuevo texto introduce conceptos ambiguos —como la posibilidad de alterar un glaciar de “modo relevante”— que podrían terminar judicializados y generar mayor incertidumbre para las inversiones.
Por último, vinculó la iniciativa con el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional, al señalar que la modificación de la ley aparece mencionada en distintos acuerdos internacionales y programas económicos. En ese marco, sostuvo que no se puede resolver el problema del endeudamiento externo habilitando la explotación de recursos estratégicos. “Es un retroceso en la protección ambiental y un cambio de paradigma en la política sobre los recursos naturales”, sentenció.
La Ley de Glaciares (Ley 26.639) fue sancionada en 2010 y establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. El Senado aprobó una reforma impulsada por el Gobierno nacional que introduce modificaciones en su aplicación.
Entre los principales puntos de la normativa y los cambios aprobados figuran:
Protección de reservas de agua: la ley reconoce a los glaciares y a las geoformas periglaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, clave para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad y la recarga de cuencas.
Inventario Nacional de Glaciares: se mantiene y refuerza el Inventario Nacional de Glaciares, encargado de identificar y monitorear los cuerpos de hielo y geoformas periglaciares del país. El trabajo seguirá contando con participación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Principio precautorio: todos los glaciares o geoformas incluidos en el inventario quedarán protegidos hasta que estudios técnico-científicos determinen si cumplen o no funciones hídricas estratégicas.
Mayor participación de las provincias: la reforma otorga mayor protagonismo a las autoridades ambientales provinciales, que deberán identificar qué glaciares o ambientes periglaciares cumplen funciones hídricas y compartir esa información con el inventario nacional.
Redefinición del ambiente periglacial: el nuevo dictamen diferencia entre “ambiente periglacial” y “geoformas periglaciales”, y establece que su inclusión en el inventario dependerá de que cumplan funciones hídricas estratégicas comprobadas.
Actividades prohibidas: se mantienen las restricciones para actividades que puedan alterar de manera relevante la condición natural de glaciares y zonas protegidas, como proyectos extractivos, liberación de contaminantes o infraestructura que afecte su funcionamiento.
Evaluación ambiental obligatoria: cualquier intervención en áreas cercanas deberá pasar por evaluaciones de impacto ambiental y garantizar instancias de participación ciudadana, según lo establecido por la Ley General del Ambiente.
Cambios de último momento en el Senado: durante el debate se ajustó la redacción de varios artículos para precisar conceptos técnicos y exigir que las decisiones sobre identificación de glaciares o geoformas se basen en estudios científico-técnicos.
La iniciativa generó cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas, científicos y algunos sectores políticos, que advierten que los cambios podrían implicar una flexibilización en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, especialmente en zonas donde existen proyectos mineros o de explotación de recursos naturales. Señalan que los glaciares cumplen un rol central como reservas de agua dulce y reguladores de cuencas hídricas en un contexto de cambio climático y retroceso de estas formaciones.
Desde el oficialismo y provincias con actividad minera, en cambio, sostienen que la reforma busca clarificar definiciones técnicas y reducir interpretaciones que, según afirman, generaron incertidumbre jurídica y frenaron inversiones, especialmente en la cordillera de los Andes.
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