Javier Olivera Ravasi fue expulsado de la diócesis de Zárate-Campana. Su padre es un militar condenado por delitos de lesa humanidad. ¿Volverá a Mendoza?
Este jueves el Obispado de Zárate-Campana comunicó que le revocaron el permiso de residencia en su diócesis al sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien organizó la escandalosa visita de diputados a genocidas de la última dictadura militar. Ahora, el cura deberá volver a San Rafael, donde está incardinado, o buscar a otra entidad religiosa que lo acoja.
Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, la diócesis a cargo del obispo Pedro María Laxague anunció que Olivera Ravasi “no tiene autorización para residir” en su distrito. En consecuencia, deberá retornar a la provincia o buscar a otro obispo que desee acogerlo.
La medida fue tomada luego de que “en reiteradas ocasiones, se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-”, explica el texto.
Pese a que “se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder” y “teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta diócesis”, el cura no modificó su accionar y el obispado decidió no renovar su permiso para ejercer actividades pastorales “por el bien de la comunidad diocesana”.
Javier Olivera Ravasi tiene 47 años, es oriundo de San Juan y se graudó como abogado en la UBA. Como informan desde Zárate-Campana, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Mendoza, y estudió en el instituto ultraconservador del Verbo Encarnado. El mismo fue cuestionado e intervenido por el Vaticano por su "carácter integrista", según publica La Nación.
No obstante, el sacerdote abandonó la provincia hace varios años y, por motivos familiares, “solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, explica el obispado.
Asimismo, en sus redes sociales el Olivera cuenta con más de 81 mil seguidores y, cuenta con un sitio web -“Que no te la cuenten”- dedicado a la “apologética histórica y contrarrevolución cultural y espiritual”. Allí, también precisa que es “director de la Academia San Elías, un homeschooling católico y capellán y profesor del proyecto educativo Sedes Sapientiae de Buenos Aires”, además de contar con doctorados en Filosofía e Historia.
Lo que no cuenta en su controversial página es que su padre, el ex militar Jorge Antonio Olivera, fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de 1976 en Argentina. Entre los crímenes que se le atribuyen al represor conocido como “El carnicero de San Juan” -provincia en la que estuvo al mando de centros clandestinos- se encuentra el secuestro y desaparición de la modelo Marie Anne Erize. Actualmente, cumple con prisión domiciliaria.
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La visita de diputados de La Libertad Avanza a represores y genocida recluidos en el penal de Ezeiza continúa dando de qué hablar. Especialmente en el caso de Mendoza, donde la legisladora Lourdes Arrieta denunció a sus compañeros y aseguró que “fue engañada”.
Es que en los chats que se viralizaron y filtraron tras la reunión, figuraba un mensaje atribuido a la dirigenta mendocina en el que expresaba que quería "saber la verdad de primera mano" sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar.
El jueves pasado, en tanto, avanzó con una denuncia penal contra los diputados Beltrán Benedit (organizador de la visita), Guillermo Montenegro, el asesor de Martín Menem, Sharif, el sacerdote Javier Olivera Ravasi y el titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. Así, los acusa de los delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violencias de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de caudales públicos.
También se remontó al momento en el que fue agregada a un grupo de WhatsApp en el que se organizó el viaje al penal. "Uno de los diputados me recomienda a un sacerdote, un tal Ravasi, con el que tuve una conversación alrededor de marzo, en la que me hablaba acerca de unos presos políticos que no tenían condena y que estaban buscando un juicio justo", relató.
Ese diputado en cuestión es Beltrán Benedit, quien, continuó Arrieta, "me comenta sobre el padre, que estaba en esta lucha, no le vi nada raro".
"El padre me unió a grupos de WhatsApp en los que me invitaban a ciertas reuniones a las que nunca asistí y nunca les presté mucha atención", agregó y luego mencionó al cura en cuestión: Javier Olivera Ravasi, un religioso con vinculaciones con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
"Cuando el diputado Beltrán sube en el grupo de La Libertad Avanza esta visita, se me dieron las garantías de que era una visita oficial institucional. Además, nos pusieron a disposición una combi, salimos de la puerta del Palacio, no parecía nada anormal sino la visita de una comitiva que iba al penal de Ezeiza", detalló al tiempo que agregó: "En los chats nunca se dijo que eran represores", completó.