El oficialismo busca darle media sanción este miércoles a los cuatro proyectos vinculados a la minería enviados por el Gobierno de Mendoza.
Diputados debate el proyecto de PSJ Cobre Mendocino y otras iniciativas mineras.
Foto: Yemel FilLa Cámara de Diputados trata este miércoles la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero Occidental II, además de otros proyectos vinculados a la minería. El oficialismo cuenta con los votos necesarios para darle media sanción a las iniciativas clave para el Gobierno de Mendoza en su decisión política de promover la actividad minera en la provincia.
Pasadas las 12.30, comenzó el debate en la Legislatura de las propuestas impulsadas por el Ejecutivo, de las DIA y también las leyes de creación del Régimen de Regalías Mineras y del Fondo de Compensación Ambiental. El radicalismo buscará contar con la mayor cantidad de votos afirmativos de los diputados.
El diputado oficialista Franco Ambrosini afirmó: "Han sido contundentes las explicaciones del Ministerio de Energía. Se protege el medioambiente y necesita Mendoza ampliar su matriz productiva. Creo que esta es la línea de los cuatro proyectos. Es una deuda que tiene Mendoza hace muchísimos años y se protege. Todo el ambiente está protegido".
Cámara de Diputados.
El oficialismo cuenta con el apoyo del PRO para estos proyectos mineros. Gustavo Cairo, legislador de ese espacio, declaró: “Del otro lado de la cordillera, del lado mendocino de Chile, producen miles de millones de dólares en cobre por año y nosotros, nada. Nos hemos dado lujos que no condicen con la situación de Mendoza". Respecto a la existencia de licencia social para la minería en Mendoza, sostuvo: "Yo creo que sí, sobre todo en los lugares donde se va a explotar. Malargüe claramente siempre la ha tenido, ha nacido desde el petróleo y de la minería".
En la misma sintonía, la diputada Jimena Cogo (PRO) señaló: "Los mendocinos debemos ampliar nuestra matriz productiva y hoy es un día histórico para poder hacerlo, por lo cual mi postura es muy clara y votaré a favor de los cuatro proyectos". La legisladora fue una de las que criticó la distribución de las regalías: "Considero que el 88% contra el 12% es un esquema poco moderno. La propuesta que hicimos desde el equipo fue un 60-20-20, de manera que esa distribución de fondos sea más justa, más equitativa y por ende el crecimiento sea de otra manera".
El debate incluye los cuatro proyectos presentados por el Ejecutivo.
El Partido Verde es uno de los que se opone a las iniciativas. Emanuel Fugazzotto afirmó: "El proyecto PSJ Cobre Mendocino no es beneficioso tal como está planteada hoy la Declaración de Impacto Ambiental”. En cuanto a la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II dijo que “abre las puertas a que las provincias sean las que modifiquen la Ley de Glaciares y permitan actividades que están prohibidas en la norma que los protege”.
Desde antes del inicio de la sesión, frente a la Legislatura se concentraron organizaciones sociales y ambientales en contra del proyecto, sosteniendo que implica riesgos ambientales para la provincia y que no hay licencia social para avanzar con la minería.
PSJ Cobre Mendocino se ubica a 37 km de Uspallata y a 97 km de la Ciudad de Mendoza. Representa la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los proyectos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera, orientado a la producción de insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) llegó a la Legislatura con la aprobación de la Autoridad Ambiental Minera. La misma deberá actualizarse cada 2 años. Contiene el expediente completo y establece un esquema estructurado en cinco ejes:
Esta DIA recomienda una serie de instrucciones que apuntan al control. Desde la Subsecretaria de Ambiente explicaron que se trata del desarrollo de "indicadores que son de procesos evolutivos y de control permanente" para que, en caso de incumplimiento de cualquier requisito específico, "se pierde la aprobación de dicho proceso y de cualquier proyecto que se pueda hacer en adelante".
También establece un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Se incluyen protocolos sísmicos, de crecidas, derrames, incendios y contingencias contra cualquier amenaza, indicó el Gobierno.
A su vez, la empresa debe implementar Programas de Integridad y Compromiso, haciéndolo extensible a toda su cadena de contratación. Como un agregado a la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que debe ir actualizando, el proponente deberá ir presentando Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.
El pasado martes, el oficialismo también le dio despacho favorable a la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II. Se trata de 27 proyectos de exploración de cobre e incluye una "guía de referencia" que indica "a los proponentes cómo tienen que actuar, qué información tienen que relevar, cómo tienen que comunicarla y quiénes van a ser los auditores". Esto a raíz del informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) que advirtió que podrían encontrarse glaciares de escombros (a 2600 metros de altura). Según el Gobierno, dicha guía será anexo de los proyectos y su aplicación va a permitir tener inventario de la zona periglaciar.
Los proyectos en cuestión son: Cuprum, EI Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de febrero), Mercedes (Mercedes North), Pampa, Tango, Chamamé, Alicia (A° de la Piedra), Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma y Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul.
Además, el Ejecutivo busca contar con una norma provincial para distribuir los ingresos que surgen de la explotación de los recursos naturales, basándose en la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras. La iniciativa fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” como máximo para el cobro de regalías y dispone que las empresas deberán presentar declaraciones juradas trimestrales con información técnica, contable y productiva
Dicha distribución será de un 88% para Rentas Generales y un 12% para los municipios que adhieran a la ley, replicando el modelo aplicado en la política hidrocarburífera. A su vez, con el Fondo Compensador pretenden enfrentar posibles daños ambientales colectivos, trabajar en la remediación, saneado y reparación. Será administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente e incluye multas, tasas y tributos relacionados, indemnizaciones judiciales, subsidios, donaciones, convenios, legados, créditos nacionales o internacionales.