Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
El cambio de postura de algunos legisladores permitió que La Libertad Avanza alcanzara los dos tercios de los presentes que necesitaban.
Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Cabe recordar que se necesitaban al menos 2/3 de los votos. El oficialismo consiguió aprobar el veto con el apoyo de parte del radicalismo.
Con la ayuda de sus aliados y un grupo de radicales, el oficialismo logró este miércoles en la Cámara de Diputados ratificar el veto del presidente Ley de Movilidad Jubilatoria.
La votación resultó con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones.
El cambio de postura de algunos legisladores respecto a la que mantuvieron en junio, cuando se sancionó la Ley, permitió que La Libertad Avanza alcanzara los dos tercios de los presentes que necesitaban.
La reunión arrancó a las 11.15 con la presencia de todos los espacios. El tratamiento del veto se votó a mano alzada, sin inconvenientes.
También te puede interesar: En Mendoza los jubilados también marchan en contra del veto de Javier Milei
La ley vetada establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.
Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplaba el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.
Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.
Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.
El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
“Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”, agregó el Gobierno.
En su debut fuera del bloque de La Libertad Avanza, la mendocina Lourdes Arrieta argumentó su rechazo al veto porque “los jubilados no pueden ser considerados pasivos fiscales”, y arremetió contra el oficialismo al recordar que cuando militó para dicho espacio “fue bancando a nuestro presidente y creyendo que el ajuste iba a ser para la casta, pero no para los jubilados”. Finalmente, se abstuvo.