Desregulación del comercio: Caputo derogó 43 normas de control de precios, abastecimiento y trámites

Desde el inicio de la gestión, se han derogado 107 normas con el objetivo de reducir la burocracia y fomentar la libre competencia. Entre estas medidas, se eliminaron requisitos como las licencias automáticas y no automáticas, el SIRA, y el DJCP, que generaban altos costos y miles de declaraciones juradas anuales.

En cuanto al Comercio Interior, se dio de baja el programa Precios Cuidados y el SIPRE, que imponían controles y registros innecesarios. Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno para promover un entorno económico basado en la simplificación y la desburocratización.

Las normas derogadas

Las normas listadas abarcan una variedad de regulaciones que impactaban "precios, burocracia y programas inactivos o en desuso". Estas medidas se clasifican en los siguientes grupos principales:

• Regulación de precios y control de mercados

  Estas normas imponían precios máximos y controles que limitaban la libre competencia:

  • Carne vacuna: Resoluciones 1/2006 y 38/2008 fijaban precios para toda la cadena.
  • Lácteos: Resolución 26/2007 obligaba a industrias lácteas a acordar precios con el Gobierno.
  • Papel para diario: Resolución 1/2010 establecía precios igualitarios.
  • Televisión paga: Resolución 50/2010 regulaba tarifas con fórmulas estatales.
  • Programas como Super Cerca (Resolución 991/2021) y Precios Justos (Resoluciones 823/2022 y 1077/2022) buscaban contener precios, pero fueron considerados distorsionadores del mercado.
  • Otros controles de precios abarcaban productos específicos, como compensaciones en papa (Resolución 155/2007) y leche (Resolución 170/2008).

• Programas y medidas obsoletas

  Numerosos programas quedaron en desuso o sin operatividad práctica:

  • Mercado en tu Barrio: Resoluciones 1/2016 y 32/2021, que buscaban acercar alimentos a precios accesibles, ya no están vigentes.
  • Plan Productivo Verde: Resolución 352/2021, un programa para impulsar prácticas sustentables, se desactivó.
  • Programas de compensaciones para pequeños productores agrícolas (Resoluciones 126/2015, 175/2015 y 615/2015) y tamberos (Resolución 684/2014) quedaron sin aplicación.
  • Iniciativas vinculadas al sector aceitero, como el Programa de Fomento al Sector Aceitero (Resoluciones 30/2023 y 804/2023), también fueron eliminadas.

• Burocracia en homologación y requisitos técnicos

  • Neumáticos: Resolución 25/2007 imponía requisitos adicionales y redundantes que aumentaban costos y tiempos en el mercado. Su eliminación simplifica el proceso de homologación.

• Exigencias informativas sin utilidad concreta

  • Instituciones educativas privadas: Resoluciones 300/2009 y 312/2010 exigían información detallada sobre costos laborales y aranceles, pero no se usaban con fines específicos.
  • Cámaras empresarias: Resolución 813/2021 creó un observatorio para analizar datos, que no se tradujo en medidas útiles.

• Áreas técnicas desactivadas

  • Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE): Resoluciones 487/2020 y 9/2022 regulaban esta estructura, que ya no opera.
  • Unidad Ejecutora Argentina Productiva 2030: Resolución 236/2022, sin actividad actual.
  • Otros organismos y manuales relacionados también fueron eliminados por ser ineficientes.

• Otros programas y normativas sin vigencia

  • Programa Agropymes Sustentables (Resolución 142/2021) y otros incentivos productivos quedaron obsoletos.
  • Programas de promoción del mercado, como la red de mercados concentradores nacionales (Resolución 63/2011), se desarticularon al quedar sin sentido práctico.