Hebe Casado presentó la "Ley Hojarasca III", que busca eliminar normas en desuso y simplificar el marco legal. Se sumarán aportes del sector privado.
La Legislatura de Mendoza revisa toda la normativa, desde 1896 a la actualidad.
Foto: Cristian LozanoLa vicegobernadora Hebe Casado presentó en San Rafael el anteproyecto de la Ley Hojarasca III, la próxima etapa del plan de depuración normativa que implementa la Legislatura de Mendoza, similar al que impulsa Federico Sturzenegger a nivel nacional.
Acompañada por el secretario legislativo del Senado, Lucas Faure, la presidenta de la Cámara Alta explicó que esta fase apunta a recoger aportes de cámaras empresariales y actores sociales a fin de robustecer el texto definitivo que se llevará al recinto.
Durante el encuentro, Casado también destacó el avance de la Ley Hojarasca II, que ya cuenta con media sanción del Senado e ingresó esta semana a la Cámara de Diputados para comenzar su tratamiento en comisiones.
En diálogo con Noticiero Andino, la vicegobernadora recordó que el objetivo del plan es modernizar el digesto legal de Mendoza para hacerlo más accesible y coherente con las necesidades actuales de la provincia.
“Cuando ingresamos a la Cámara decidimos que había que mejorar el marco normativo. Necesitábamos un digesto claro, fácil de consultar y que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, pudiera saber qué leyes están vigentes y cuáles no”, señaló.
Hebe Casado, una de las impulsoras de la "Ley Hojarasca" en Mendoza.
Explicó que la primera etapa del plan abarcó el período 1896-1950, con más de 90 leyes derogadas, mientras que la segunda revisa las normas sancionadas entre 1951 y 1975.
“Es una forma de limpiar la normativa actual. En esta recorrida por los departamentos les estamos pidiendo a las cámaras empresariales que nos indiquen qué leyes entorpecen la productividad o la generación de trabajo”, agregó.
El Senado dio media sanción a la Ley Hojarasca II el pasado 21 de octubre, y esta semana el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, donde comenzará a tratarse en comisiones la próxima semana.
Esta segunda etapa contempla el análisis de 172 leyes sancionadas entre 1951 y 1975, de las cuales 87 serán derogadas por haber quedado obsoletas o superadas por normas posteriores.
La segunda etapa de la Ley Hojarasca empezará a debatirse la semana próxima en Diputados.
El secretario legislativo Lucas Faure remarcó que el trabajo busca reducir la “sobrelegislación” que afecta al sistema jurídico provincial.
“Existe un estado de sobrelegislación. Analizamos el 33% de las leyes generales vigentes y estimamos que, con esta segunda etapa, vamos a duplicar la cantidad de derogaciones explícitas existentes”, explicó.
El anteproyecto de la Ley Hojarasca III contempla la revisión de las normas sancionadas entre 1975 y 1990. El texto será enriquecido con los aportes de distintos sectores antes de ser ingresado oficialmente a la Legislatura.
Faure adelantó que el trabajo técnico permitirá completar el análisis histórico de la legislación mendocina antes de fin de año. Especificó que actualmente hay 290 leyes derogadas "explícitamente" (de más de 9.600 sancionadas en la historia de Mendoza). Con las dos primeras etapas de la Ley Hojarasca, esa cifra se duplicará.
En cuanto a las normas sancionadas desde 1990 a la actualidad, se ha proyectado presentar en 2026 una última etapa de la Ley Hojarasca, que revisará toda la legislación del último tramo del siglo pasado y el primero del actual.
El proceso de depuración normativa forma parte del plan de modernización institucional impulsado por la actual gestión legislativa. Según explicó el senador Walther Marcolini durante la media sanción de la Hojarasca II, el objetivo es “erradicar lo que se transforma en una sobrelegislación con el paso de los años”.
“La idea es establecer un marco legal claro, actualizado y transparente, que aporte eficiencia legislativa y mejore el funcionamiento del Estado”, resumió el exintendente de General Alvear.
El proyecto del gobierno provincial busca modernizar el marco normativo provincial mediante la derogación de leyes en desuso. En concreto, se busca eliminar normativas obsoletas o superpuestas para facilitar su comprensión y aplicación, para otorgar mayor seguridad jurídica a ciudadanos, inversores y emprendedores.
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