En el cierre de la sesión de este jueves, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de declaración contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, instándolo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La Cámara Alta cuestionó al jefe de Gabinete por suspender la ejecución de la norma. Los tres senadores mendocinos acompañaron el proyecto.
En el cierre de la sesión de este jueves, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de declaración contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, instándolo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La iniciativa, impulsada por el radical Martín Lousteau, fue votada con 54 votos afirmativos, cinco negativos y ninguna abstención, y contó con el acompañamiento de los tres legisladores por Mendoza.
El texto aprobado expresa el rechazo al Decreto 681/2025, con el que el Ejecutivo dispuso mantener en suspenso la ejecución de la norma hasta tanto el Congreso defina la fuente de financiamiento. Según la declaración, esto implica “atribuirse competencias legislativas y suspender la ejecución de una ley insistida por el Congreso con amplia mayoría”.
Al presentar el proyecto en el recinto, Lousteau recordó que tras el veto presidencial, “tanto en Diputados como en Senadores se insistió con más de dos tercios, dejando firme esa ley”. Criticó que Francos haya dicho que no la aplicará: “Esto es inédito, nunca pasó algo así. Es un atropello muy grande al sistema republicano”.
El senador radical remarcó que la ley no solo tuvo consenso político y parlamentario, sino también social: “Lo más grave de esa lesión institucional es la lesión que se le hace a la sociedad. No puede elegir cuáles leyes ejecuta y cuáles no”.
Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, apoyó la declaración y fue aún más lejos en sus críticas: “Cuando el presidente hace esto genera una gran inseguridad jurídica. Inclusive, anulan leyes y contradicen la Constitución. Esto es lo más parecido a una dictadura. Prácticamente anula al Parlamento”.
El formoseño sostuvo que lo votado constituye una “advertencia”, aunque lo que correspondería sería una moción de censura o la remoción del jefe de Gabinete por incumplimiento de la Constitución y de sus deberes de funcionario público.
El documento recuerda que la Ley 27.793 facultó expresamente al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para su cumplimiento, siempre que no se afecten fondos de Servicios Sociales. Asimismo, remarca que en proyectos impulsados por el propio Ejecutivo, como el Régimen Penal Juvenil, se previó la misma posibilidad de reasignación de partidas.
En este sentido, el Senado reclamó que Francos dé cumplimiento al Artículo 19 de la Ley y reasigne las partidas necesarias “del mismo modo en que preveía hacerlo con la Ley de Régimen Penal Juvenil”.
La declaración contra Francos se aprobó sobre el final de una extensa jornada en la que el Senado también rechazó los vetos de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica (“Ley Garrahan”) y a la Ley de Financiamiento Universitario.
Al igual que en esas votaciones, los tres senadores mendocinos –Anabel Fernández Sagasti, Rodolfo Suarez y Mariana Juri– acompañaron la iniciativa de Lousteau.