Designaciones

Cómo están compuestos los organismos de control en Mendoza

Con predominancia oficialista, los cargos en los organismos de control son repartidos según definiciones legales y, en algunos casos, con mandatos vitalicios.

Por Mariano Fiochetta

La polémica suscitada por las críticas del peronismo a los nombramientos del oficialismo en los organismos de control instó a revisar cómo están compuestas estas instituciones en la provincia.

Las últimas noticias en esas áreas provinieron del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP). El gobernador Rodolfo Suarez envió los pliegos de Lucas Quesada y Agustina Llaver para ocupar las dos direcciones de esa dependencia, y la oposición explotó debido a la falta de experiencia en el tema del primero.

Mendoza cuenta con varios espacios que se encargar de revisar las actuaciones de las diversas áreas del Estado: Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Oficina de Ética Pública, Inspección General de Seguridad (IGS), EMOP, Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y Ente Provincial de Regulación Eléctrica (EPRE).

Su composición y designación de autoridades, sin embargo, difieren entre sí. En la mayoría no se exige que el directorio tenga un contrapeso de poder con representación de la oposición política, y algunos ni siquiera se pide que el Senado apruebe los nombramientos.

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El Tribunal de Cuentas es uno de los organismos de control de la provincia.

El Tribunal de Cuentas es uno de los organismos de control de la provincia.

En el caso del Tribunal de Cuentas, sus integrantes son propuestos por el Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara Alta, y se tratan de cargos vitalicios. El presidente es el ex diputado Néstor Parés (UCR), y sus vocales Mario Angelini, Héctor Caputto, Ricardo Pettignano (los tres del PJ) y Liliana Muñoz de Lázzaro (UCR).

La Fiscalía de Estado cuenta con un titular (Fernando Simón, ex senador peronista) y es nombrado por el Ejecutivo con aprobación del Senado. Su puesto también es vitalicio y puede ser juzgado por el Jury de Enjuiciamiento.

Fiscalia de Estado, Gobierno
La Fiscalía de Estado es conducida por Fernando Simón.

La Fiscalía de Estado es conducida por Fernando Simón.

La IGS, en tanto, tiene un presidente (Marcelo Puertas, UCR) y dos directores que, si bien deben ser postulados por los dos partidos principales de la oposición, actualmente ocupan los cargos Gustavo Sarli (PJ) y Ricardo Batiz, que pertenece a la planta permanente del organismo y fue impulsado por el radicalismo. Las designaciones corren a cargo del Ejecutivo, sin acuerdo de la Cámara Alta, y no se especifica la duración de los mandatos.

En el EPAS hay una presidencia (Mario Draque) y dos vocalías (Orlando Lucentini y Carlos Alberto Morán Crowley), pero la ley exige cuatro. El titular necesita aprobación del Senado, mientras los otros integrantes, no. Todos responden al oficialismo, si bien se piden perfiles técnicos para las vocalías.

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El EPRE controla a las empresas de electricidad.

El EPRE controla a las empresas de electricidad.

El EPRE cuenta con una directora presidenta (Andrea Molina, UCR) y dos directores: Hugo Reos (PJ) y Andrea Salinas (técnica nombrada en la gestión de Alfredo Cornejo). La ley 6497 indica que “el mandato de los tres Directores durará seis (6) años, podrá ser renovado en forma indefinida y cesarán en el mismo cada dos (2) años, en forma escalonada”.

La Oficina de Ética Pública está encabezada por un auditor (Gabriel Balsells Miró, UCR) y su mandato se extiende por cinco años. Es designado por el Ejecutivo, con acuerdo del Senado.

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El EMOP es conducido por un presidente (Jorge Téves, UCR) y actualmente se realiza el proceso para designar dos nuevos directores vocales (el ex legislador radical Quesada y Llaver, quien fue delegada del sur de este organismo). El mandato del presidente se vence cuando termina el del Gobernador que lo designó, mientras los otros dos cargos tienen una duración de cuatro años. Todos deben contar con la aprobación del Senado.

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