La jueza de Estados Unidos Loretta Preska mantiene la decisión de solicitar comunicaciones electrónicas de funcionarios y exfuncionarios argentinos para determinar el vínculo entre la empresa YPF y el Estado. Además, deslizó la posibilidad de abrir una nueva investigación para analizar el incumplimiento.
Meses atrás, la magistrada le ordenó a la Argentina entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos, del actual ministro de Economía, Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
La jueza insistió con este pedido porque desea determinar la relación entre la petrolera y el Estado argentino para, de esta forma, intentar embargar activos del país y sustanciar el pago de su sentencia. El objetivo de los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de los US$16.000 millones.
Defensa de la Argentina en la causa YPF
Según fuentes vinculadas a la causa, en la audiencia que se realizó el martes en Nueva York la defensa de la Argentina señaló que está solicitando la “cooperación” de los involucrados pero advirtió que no puede garantizar la preservación de esas comunicaciones.
El país se comprometió a informar antes del 10 de noviembre quienes presentarán los chats y comenzará a producir documentos antes del 21 de noviembre.
Preska, jueza de Distrito Sur de Nueva York, amplió su pedido para que se incluyan los contactos en plataformas como WhatsApp, Signal, redes sociales, etc. Los demandantes solicitaron que, si no hay cumplimiento al 21 de noviembre, se convoque una audiencia por desacato.
Causa YPF
El 15 de septiembre de 2023, Loretta Preska dictó una sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo del juicio fijó una compensación de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses acumulados asciende actualmente a 17.750 millones, en favor de Burford Capital y Eton Park, quienes habían adquirido los derechos de litigio pertenecientes al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietaria del 25% de las acciones de la petrolera al momento de la estatización.
El eje del reclamo radicó en que, al nacionalizar la participación de Repsol, el gobierno argentino de ese momento –durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner– no ofreció el mismo trato a los demás accionistas, tal como establece el estatuto de la compañía. Repsol fue compensada mediante bonos, pero no se realizó una oferta similar para los accionistas privados. Fuente: NA.