Empezó a debatirse en Diputados y se espera un largo tratamiento en comisiones, antes de llegar al recinto. Cuál es la postura de los legisladores de Mendoza.
En comisiones de la Cámara de Diputados comenzó a debatirse el proyecto de ley del Gobierno que propone la baja de la imputabilidad en Argentina a los 13 años. Se trata del expediente que Javier Milei resumió como “delito de adulto, pena de adulto”, y que ha generado posiciones encontradas, tanto en el Congreso como en la sociedad.
No obstante, hay coincidencias en la necesidad de reformar el régimen penal juvenil, que data de 1980. Las diferencias se centran en los aspectos que buscan modificar cada una de las fuerzas políticas y el objeto que persiguen.
Presentada por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la iniciativa establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 13 a los 18 años, en el caso que sean imputados por algún delito tipificado en el Código Penal.
La norma prevé un máximo de penas de 20 años, aun cuando la escala penal fuese más elevada, con la posibilidad de disponer de “medidas alternativas” una vez cumplidos los dos tercios de la condena.
También contempla otras opciones distintas a la cárcel para delitos menores (con penas de tres a seis años); impone que la privación de la libertad deberá atravesarse en secciones separadas en los establecimientos penitenciarios; e instituye un sistema de investigación/abordaje para menores de 13 años sospechados de cometer delitos, aunque en este caso sostiene que en ese rango etario son inimputables.
Según la consulta que realizó Sitio Andino, los diez legisladores que representan a Mendoza en la Cámara Baja nacional están abiertos a debatir una reforma del régimen penal juvenil, aunque no todos aceptan la redacción propuesta por la gestión libertaria.
De los tres diputados mendocinos de Unión por la Patria, dos revelaron su opinión a este medio -Martín Aveiro y Liliana Paponet- y coincidieron en que el proyecto es insuficiente para atacar el flagelo de la delincuencia juvenil.
El tunuyanino planteó que es una propuesta “aislada”, ya que le falta “acciones claves como la educación, el acompañamiento de equipos sociales” y el abordaje profesional. “Hablar de condenar a un niño de 13 años y no lograr que el Estado garantice obligaciones sobre los mismos es contradictorio”, evaluó.
Aveiro ha analizado el expediente con jueces y funcionarios de la Suprema Corte de Mendoza, así como profesionales de distintas áreas. “Todos dejaron claro que la ley no es buena en general”, resumió.
Sin embargo, definió como “muy importante” avanzar con un “debate amplio y la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil que esté en línea con los estándares internacionales, compatible y respetuosa con el sistema de protección integral”.
“Requiere la implementación de un sistema de justicia especializado con enfoque en derechos humanos de niñez y adolescencia que asegure -de manera real y efectiva- el acceso a la justicia y deje como sanción de último recurso la restricción de la libertad personal; siempre, con el objetivo final de la reinserción social”, concluyó.
La sanrafaelina, por su parte, también resaltó que una reforma de estas características “debe analizarse de manera integral y desde una multiplicidad de visiones; que no solo se centre en la baja de la edad de punibilidad”.
“Hoy tenemos una gran oportunidad de modificar una Ley que necesita reformarse. Pero -para eso- necesitamos escuchar en el Parlamento a todos los expertos y sectores involucrados. Con una perspectiva de acá a 20 años (o más). Son debates que hay que darlos con visión de futuro”, destacó Paponet.
En cuanto a Adolfo Bermejo, si bien no respondió la consulta, en el pasado se ha expresado a favor del debate en esa materia, aunque -en concurrencia con sus pares de bloque- con la condición de que una baja de la imputabilidad debe estar acompañada de un abordaje multidisciplinar.
Como ocurrió con la Ley Bases, en la UCR hay sectores más alineados al oficialismo y otros que se muestran alejados del pensamiento libertario.
De los mendocinos, en el primer grupo se ubican Pamela Verasay y Lisandro Nieri, cercanos al gobernador Alfredo Cornejo, uno de los principales aliados a Milei entre los mandatarios provinciales.
En el encuentro que mantuvo el líder radical -junto a sus pares de Juntos por el Cambio- días atrás con el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, hubo un compromiso de acompañar las nuevas iniciativas parlamentarias del Gobierno en el Congreso. Entre ellas, la baja de la imputabilidad.
“En el bloque de la UCR entendemos que es oportuna la propuesta del Poder Ejecutivo de modificar el Régimen Penal Juvenil. Este debate se debe dar con mucha seriedad y considerando las experiencias en otros países que ya han implementado políticas de seguridad de esta índole”, señaló a este medio Verasay.
Distinta es la postura de Julio Cobos, hoy distanciado políticamente de Cornejo y con una mirada más crítica de la administración libertaria.
El exgobernador, junto a otros legisladores radicales vinculados a Martín Lousteau, presentó un proyecto propio de modificación del Régimen Penal Juvenil, que prevé un sistema específico de “detención” para menores de 14 a 18 años (a través de “unidades especializadas en materia penal juvenil”) y fija una pena máxima de diez años.
“La idea es no darle una mirada punitiva, más bien de reinserción. Además, consideramos que 13 años es demasiado para bajar la edad”, indicaron desde su entorno, que anticiparon que en comisiones se buscará “defender y aportar el expediente propio”.
El "nuevo líder" de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, planteó que el proyecto del Ejecutivo busca solucionar el aumento de la "criminalidad juvenil", a través de medidas de "integración social y laboral, y de promoción de la comprensión y arrepentimiento de los jóvenes".
Comparó a la normativa actual con la de otros países que tienen edades de imputabilidad más bajas y subrayó que se protege "tanto a la comunidad como el bienestar de los adolescentes".
En cuanto a Álvaro Martínez, ya había presentado un proyecto similar tiempo atrás, incluso más severo al que envió al Congreso el Gobierno. El texto del exdiputado provincial -cercano a Omar De Marchi- lleva a los doce años la edad de imputabilidad y contempla penas máximas de entre 15 y 20 años de prisión.
Respecto a Mercedes Llano y Lourdes Arrieta, no respondieron al requerimiento de este medio, aunque se entiende que mantendrán una posición favorable al proyecto, tal como ocurrió con las otras iniciativas elevadas por el mileísmo a Diputados (Ley Bases y paquete fiscal).