El oficialismo busca un tratamiento exprés del nuevo régimen penal juvenil, que fija la imputabilidad desde los 13 años y detalla el financiamiento, algo reclamado desde las provincias
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley sobre régimen penal juvenil.
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley sobre régimen penal juvenil, que mantiene el núcleo de la iniciativa presentada en 2024 pero incorpora, como principal novedad, un articulado específico que detalla la asignación presupuestaria necesaria para la puesta en marcha de la baja de la edad de imputabilidad de los menores.
Tras ser incluido en el temario de sesiones extraordinarias, el oficialismo buscará avanzar con un tratamiento exprés: el cronograma legislativo prevé que el proyecto obtenga dictamen este miércoles en un plenario de comisiones y que sea debatido en el recinto al día siguiente.
La iniciativa genera rechazos de parte de varios sectores, entre ellos de la Iglesia Católica, que ayer emitió un comunicado expresando su postura.
En mayo de 2025, la iniciativa había logrado despacho favorable en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, luego de unificar el proyecto del Poder Ejecutivo con más de una docena de propuestas presentadas por distintos bloques. Sin embargo, ese dictamen nunca llegó a tratarse en el recinto y cayó tras la renovación parlamentaria.
Ahora, el proyecto deberá iniciar nuevamente su recorrido legislativo. Al igual que el año pasado, la oposición dialoguista anticipó que acompañará una baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, pero no a los 13, como impulsa el Gobierno.
El texto que ingresó este lunes mantiene la postura oficial y propone un nuevo régimen penal juvenil “aplicable a personas desde los 13 años de edad hasta las 0 horas del día en que cumplan 18 años”, cuando sean imputadas por hechos tipificados como delito en el Código Penal o en leyes penales especiales vigentes o futuras.
La discusión sobre el umbral etario vuelve a ser uno de los puntos centrales del debate político, en un contexto en el que el oficialismo busca alinear la legislación argentina con la de otros países de la región.
La semana pasada, los jefes de bloque de Diputados se reunieron con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y acordaron un cronograma de trabajo. En ese encuentro también se definió introducir cambios en el aspecto fiscal del proyecto.
El dictamen de 2025 había sido cuestionado porque delegaba en el jefe de Gabinete la facultad de readecuar partidas presupuestarias, un mecanismo que el propio Gobierno criticó en otras leyes impulsadas por la oposición.
En esta nueva versión, el cambio clave aparece en el artículo 51, que fija de manera expresa el financiamiento: para implementar el régimen penal juvenil se destinará un monto total de $23.739.155.303,08. De ese total, $3.131.996.784,28 provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 de la Defensoría General de la Nación.
Además, trascendió que se contempla la posibilidad de convenios entre la Nación y las provincias, para que estas puedan readecuar sus sistemas judiciales y de protección a la nueva normativa.
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostuvo que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina” y remarcó la necesidad de una solución integral que no se limite a lo punitivo.
Según el texto, el objetivo es combinar la responsabilidad penal con medidas estatales de acompañamiento, orientadas a la reinserción social, el acceso al trabajo y la construcción de un proyecto de vida por parte de los adolescentes.
El Gobierno también cuestionó la vigencia de la Ley N° 22.278, sancionada en 1980, al señalar que no responde a los principios establecidos en la Constitución Nacional ni en la legislación internacional en materia de derechos del niño. Por eso, consideró “indispensable” sancionar una ley especial acorde a la realidad social actual.
Entre los argumentos, el Ejecutivo afirmó que la Argentina se encuentra en minoría en la región respecto del umbral de imputabilidad. Citó como ejemplo que Chile, Colombia y Perú lo fijan en 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13; y Brasil y México en 12.
La iniciativa cuenta con más de 50 artículos que establecen principios rectores, derechos y garantías del régimen penal juvenil; derechos de las víctimas; penas y medidas complementarias; causales de extinción de la acción penal y de la pena; mecanismos de supervisión estatal; características de los institutos especializados de detención; medidas de salud; y las disposiciones presupuestarias correspondientes.
En este último punto, el Poder Ejecutivo subrayó que el proyecto cumple con lo dispuesto por la Ley N° 24.629 y la Ley N° 24.156 en materia de responsabilidad fiscal, uno de los aspectos clave para destrabar el debate legislativo.