El Episcopado cuestionó el proyecto penal juvenil y advirtió riesgos constitucionales. Reclamó educación, salud mental y justicia restaurativa.
El Episcopado advierte que castigar a menores es un retraso en términos de derechos humanos y profundiza la violencia social.
Este jueves 12 de febrero, la Cámara de Diputados de la Nación da luz verde al tratamiento de la Ley Penal Juvenil, que propone la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años. En este marco, la Iglesia católica expresó un contundente rechazo al proyecto y advirtió que la medida podría profundizar la violencia y las desigualdades sociales.
A través de una carta abierta dirigida a legisladores nacionales, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Carcelaria señalaron que “bajar la edad no baja el delito” y reclamaron un enfoque integral centrado en la educación, la salud mental y la inclusión social.
En el documento, la Iglesia sostuvo que el debate sobre el régimen penal juvenil se está dando en un clima político marcado por el oportunismo y el uso del dolor social con fines mediáticos. “Observamos con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico ni diálogo genuino”, advirtieron, y subrayaron que lo que está en juego no es solo una ley, sino el modelo de sociedad que se busca construir.
Uno de los principales argumentos expuestos por el Episcopado se basa en evidencias científicas sobre el desarrollo adolescente. Según el documento, el cerebro de los adolescentes aún está en formación, especialmente en áreas vinculadas al control de impulsos y la toma de decisiones, por lo que no poseen la misma capacidad que los adultos para comprender plenamente las consecuencias de sus actos.
En ese sentido, cuestionaron la idea de aplicar “penas de adulto” a delitos cometidos por menores y remarcaron que niños y adolescentes deben ser considerados sujetos en desarrollo.
La Iglesia no niega “la existencia” del delito ni que hay que “dar respuesta a las múltiples situaciones de abandono y desprotección que viven muchos NNyA, pero considera que es “un error abordarlo desde propuestas simplificadoras” que bsucan “validar posiciones políticas ya tomadas”.
La Iglesia también propuso que los menores de 16 años que atraviesen situaciones de conflicto con la ley sean abordados por los Juzgados de Familia y el sistema de protección de derechos, y no por el sistema penal. Para los mayores de esa edad, sugirió la aplicación de justicia restaurativa, una modalidad que busca la reparación del daño y la reinserción social y que, según sostienen, ha demostrado reducir la reincidencia.
En cuanto al proyecto legislativo, el documento advierte que presenta cuestionamientos de constitucionalidad y que podría vulnerar tratados internacionales de derechos humanos. Según el texto, la reducción de la edad de imputabilidad constituiría una medida regresiva, permitiría la privación de libertad de menores sin garantías adecuadas y habilitaría penas desproporcionadas, además de un sistema que no estaría preparado para brindar atención integral y especializada.
“El ingreso temprano al sistema penal no solo no resuelve el problema, sino que profundiza el daño y expone a los menores a nuevas formas de violencia”
La Iglesia también cuestionó la eficacia de la medida. Citando datos regionales, sostuvo que los países con menor edad de imputabilidad presentan tasas más altas de homicidios, mientras que Argentina, con una edad mínima de 16 años, registra una de las tasas más bajas de la región.
En su diagnóstico, el Episcopado remarcó que los verdaderos factores que impulsan la violencia son estructurales: la pobreza, la falta de acceso a educación, salud, vivienda y trabajo, y el avance del narcotráfico y el tráfico de armas en los barrios populares. “Cuando estas oportunidades faltan, niños y adolescentes quedan expuestos a un sistema que termina penalizando a las víctimas y castigando a los eslabones más débiles”, advirtió el documento.
El documento concluye con un llamado a construir consensos y a abordar las causas estructurales de la violencia juvenil, afirmando que los adolescentes no son una amenaza, sino “presente y esperanza”.
Ante este escenario, la sociedad enfrenta la disyuntiva de profundizar la cultura del descarte o construir un entramado social que cuide, incluya y repare, consideran.