Las movilizaciones de Ni Una Menos volvieron a poner en agenda una problemática que sigue golpeando al país. Desde las organizaciones alertan por el recorte de políticas y asistencia a las víctimas.
Argentina mantiene un piso sostenido de violencia extrema
Foto: Cristian LozanoEn los últimos días, miles de personas volvieron a movilizarse en distintos puntos de Argentina para exigir justicia por las víctimas de violencia de género y reclamar medidas concretas frente a una problemática que continúa cobrando vidas. El reciente femicidio de Agostina Vega en Córdoba generó conmoción, indignación y renovó el pedido colectivo de "Ni Una Menos" y "Basta de violencia machista".
Las manifestaciones reflejan una preocupación que atraviesa a toda la sociedad. La violencia de género no es un hecho aislado ni una sucesión de casos individuales: se trata de una problemática estructural que afecta a miles de mujeres y diversidades en todo el país. La violencia psicológica, económica, simbólica, física y sexual forman parte de una realidad cotidiana que, en su expresión más extrema, deriva en femicidios.
Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, durante 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidio, mientras que en 2024 se contabilizaron 228 casos. Para visualizar la infografía completa que realizó Sitio Andino, hace click en las flechas que se ubican debajo de las imágenes.
Aunque las estadísticas muestran una reducción del 12,3% respecto del año anterior, organizaciones especializadas advierten que la cifra no implica una disminución real de la violencia letal contra las mujeres.
Desde Amnistía Internacional señalaron que la baja se explica principalmente por una reducción de casos en determinadas jurisdicciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires, cuyo peso demográfico impacta significativamente en los indicadores nacionales.
En ese sentido, remarcaron que Argentina mantiene un piso sostenido de violencia extrema, equivalente a aproximadamente una mujer asesinada cada 36 horas.
Los datos oficiales también revelan que:
Detrás de cada femicidio existe una trama de consecuencias que impacta profundamente en familias enteras. De acuerdo con los registros, en 2024 al menos 144 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre a raíz de estos crímenes. Dos años antes, la cifra había alcanzado los 204 casos.
Especialistas advierten que estos datos permiten dimensionar que la violencia de género no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera secuelas emocionales, económicas y sociales que se prolongan durante años.
Uno de los principales reclamos de las organizaciones feministas y de derechos humanos está vinculado al recorte de programas destinados a prevenir y asistir situaciones de violencia de género. Desde Amnistía Internacional advirtieron que, desde diciembre de 2023, diversas políticas públicas orientadas a la prevención y atención de estas violencias fueron reducidas o desmanteladas.
Entre las medidas cuestionadas se encuentra la reducción de personal de la Línea 144, servicio de atención y asesoramiento para personas en situación de violencia de género, que habría sufrido una disminución cercana al 45% de su planta de trabajadores.
Además, señalaron modificaciones en el acceso al Programa Acompañar, que actualmente exige la presentación de una denuncia policial o judicial previa, una condición que, según organizaciones especializadas, puede representar una barrera para quienes necesitan asistencia urgente.
En Mendoza, los datos oficiales también reflejan una situación preocupante. Según estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, los delitos contra la integridad sexual aumentaron durante 2025 en comparación con el año anterior.
Los registros indican que los hechos denunciados pasaron de 2.868 casos en 2024 a 3.257 en 2025, lo que representa un incremento de 389 denuncias. Dentro de esa categoría, los abusos sexuales con acceso carnal también mostraron una suba, pasando de 441 casos a 470.
Por su parte, los denominados otros delitos contra la integridad sexual registraron uno de los mayores aumentos, con un crecimiento de 2.427 a 2.787 hechos denunciados. La única categoría que mostró una leve disminución fue el abuso sexual simple, que pasó de 1.950 denuncias en 2024 a 1.914 durante este año.
A este escenario se suma otro punto de tensión: la intención manifestada por integrantes del Gobierno nacional de impulsar la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal. La propuesta generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones feministas, especialistas y organismos de derechos humanos, que sostienen que esta figura jurídica permite visibilizar y sancionar de manera específica los asesinatos de mujeres cometidos por razones de género.
Quienes rechazan la iniciativa advierten que eliminar esta figura implicaría desconocer las desigualdades estructurales que atraviesan las mujeres y podría representar un retroceso en materia de reconocimiento y abordaje de la violencia de género.
En este contexto, el debate vuelve a instalar una discusión: cómo responde el Estado frente a una problemática que, pese al paso de los años, continúa dejando víctimas fatales, familias destruidas y cientos de niñas, niños y adolescentes atravesados por las consecuencias de la violencia machista.
Durante la movilización de Ni Una Menos realizada el pasado 3 de junio en Mendoza, la coordinadora de Mumalá Mendoza, Luisina Blanco, expresó su preocupación por la situación provincial. En diálogo con Sitio Andino, la referente señaló que Mendoza registró cuatro femicidios consumados y 30 intentos de femicidio en lo que va de 2026.
"No queremos volver a marchar con un nuevo cartel, con un nuevo nombre de una mujer asesinada, ni en nuestra provincia ni en nuestro país", expresó. Asimismo, hizo referencia a la necesidad de fortalecer las herramientas de asistencia para las víctimas.
"Nos encontramos pidiendo que vuelva el Programa Acompañar y que los refugios garanticen la estadía de las mujeres para que puedan construir una nueva vida", subrayó.
Las cifras, los testimonios y las movilizaciones coinciden en un mismo diagnóstico: la violencia de género continúa siendo una de las principales deudas sociales de Argentina.
Mientras las organizaciones reclaman mayor inversión en prevención, asistencia y protección, miles de mujeres siguen enfrentando situaciones de violencia dentro de los espacios donde deberían sentirse más seguras.
La consigna que volvió a escucharse en las calles de todo el país resume la urgencia del reclamo: ni una menos, vivas y libres nos queremos.