Luego de un sinfín de planteos y audiencias, finalmente la justicia imputó oficialmente a Janina Ortiz por peculado.
La ex diputada de La Unión Mendocina, Janina Ortiz, recibió una nueva imputación, esta vez, por peculado.
Janina Ortiz ya tiene dos imputaciones en su contra.
Luego de un sinfín de planteos y audiencias, finalmente la justicia imputó oficialmente a Janina Ortiz por peculado.
La diputada de La Unión Mendocina, que ya estaba acusada en otra causa por coacciones, sumó este viernes una nueva imputación en el marco de un expediente que investiga el destino de $35 millones que eran para la Cooperativa Manos a la Obra y desaparecieron en manos de desconocidos.
En dicha investigación, también está acusado el ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco y varios funcionarios de la última gestión.
Todos son investigados como coautores de peculado, estipulado en el artículo 261 del Código Penal para una "funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiada por razón de su cargo". Prevé penas de 2 a 10 años.
Janina Ortiz, actualmente suspendida y sin fueros, está siendo sometida a dos investigaciones penales por distintos delitos.
En junio pasado fue acusada formalmente por coacción, luego de ser denunciada por haber obligado a una empleada de la Municipalidad de Las Heras a tener relaciones sexuales con un funcionario para sacarle información.
Ahora bien, la causa más importante atravesó distintos tribunales de justicia por los planteos de las partes y finalmente, fue la Suprema Corte de Justicia de Mendoza quien le dio el revés a la ex diputada.
Este martes el máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa y por ende la fiscalía quedó en condiciones de oficializar la imputación, acto que se realizó este viernes por la mañana. Tras la notificación, Ortiz declaró y se defendió.
En la causa están sospechados también el Subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart; el Jefe de Licencias de Conducir Hernán Mostaccio, el Director de Compras, Mauricio Valle, el Secretario de Hacienda, Carlos Nofal, el Director de Asuntos Legales, Mauro Homan, el agente municipal Juan Pablo Pandolfi (familiar de Oyhenart) y el Subdirector de Contaduría, Daniel Herrera.
La hipótesis fiscal indica que el titular de la cooperativa Manos a la Obra, Adrián “Moco” Pérez, recibió $35.511.386.
De la investigación se desprende que ese dinero “lejos de ser administrado por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizado y administrado por los sindicados en su favor y el de terceras personas”.
Por ahora, todos los sospechosos mantendrán la libertad, por lo menos hasta que avance la investigación.