El juez Sebastían Sarmiento ordenó que el policía José Funes sea juzgado por el homicidio de Fernando Rubén García. También rechazó el cese de la prisión preventiva.
La víctima contaba con un amplio prontuario policial
El Juzgado Penal Colegiado N°1 resolvió elevar a juicio la causa que tiene como acusado al policía José Funes (41) por el homicidio de Fernando Rubén García (37), un hombre con un amplio prontuario policial. El hecho ocurrió en Luján de Cuyo, en octubre de 2025, cuando el efectivo disparó siete veces contra el Chevrolet Prisma en el que se desplazaba la víctima.
Tras varias audiencias, el juez Sebastián Sarmiento rechazó la oposición presentada por la defensa contra la elevación a juicio, desestimó el pedido de sobreseimiento basado en la legítima defensa y también negó el cese de la prisión preventiva. En consecuencia, Funes continuará con prisión domiciliaria hasta la realización del debate.
El policía está imputado por el delito de homicidio agravado por la calidad de sujeto activo (funcionario policial) y por el uso de arma de fuego. Ahora deberá enfrentar un juicio por jurados, donde 12 ciudadanos definirán si es culpable o no del crimen.
La resolución que dispuso la elevación a juicio no es apelable, por lo que el Juez consideró que existen elementos suficientes para sostener la acusación presentada por la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos. En diálogo con Sitio Andino, la abogada defensora Susana Soleti confirmó que no presentarán un recurso de casación. "Un juicio por jurados va a ser objetivo y se definirá la situación", sostuvo.
De acuerdo con la extensa resolución a la que accedió Sitio Andino, el juez concluyó que la hipótesis de la legítima defensa planteada por la defensa no está acreditada con la claridad necesaria como para cerrar el proceso sin llegar a juicio.
La estrategia defensiva sostenía que Funes creyó estar frente a los autores de un robo, que García, al escapar a bordo del Chevrolet Prisma, lo lesionó en un pie, y que los disparos fueron efectuados en un contexto de peligro. Sin embargo, Sarmiento entendió que esos extremos deben ser analizados durante el juicio, con toda la prueba producida y ante un jurado popular, ya que existen aspectos controvertidos que impiden dictar un sobreseimiento.
Uno de los principales fundamentos de la resolución se refiere al robo que sufrió el policía tres días antes del hecho investigado. La defensa argumentó que ese antecedente explicaba el estado de alerta permanente de Funes, ya que delincuentes le habían sustraído pertenencias personales y su arma reglamentaria utilizando inhibidores de señal.
El magistrado reconoció que ese episodio permite comprender por qué el policía prestó especial atención al Chevrolet Prisma que observó el 6 de octubre de 2025, pero aclaró que ese hecho no puede transformarse en la agresión ilegítima exigida por la ley para justificar una reacción defensiva tres días después.
Otro de los ejes de la resolución judicial es que no está acreditado que existiera una agresión ilegítima al momento de los disparos. Sarmiento sostuvo que existen elementos de prueba que indican que el vehículo en el que se encontraba García ya se estaba alejando cuando Funes abrió fuego.
A ello se suma la reconstrucción realizada por la fiscalía, según la cual el efectivo efectuó siete disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil mientras circulaba por el centro de Luján de Cuyo.
Para el juez, la cantidad de disparos, la dirección de los proyectiles y los impactos registrados en la parte trasera del vehículo generan serias dudas sobre la necesidad y proporcionalidad del uso del arma de fuego. Precisamente, esas cuestiones deberán ser analizadas durante el juicio oral.
La defensa también solicitó que Funes recuperara la libertad al considerar que habían cambiado las circunstancias que motivaron su detención. No obstante, Sarmiento rechazó ese planteo al entender que no basta con reiterar argumentos que ya fueron analizados en resoluciones anteriores y concluyó que no existen nuevos elementos que justifiquen modificar la medida cautelar.
De esta manera, José Funes permanecerá bajo la modalidad de prisión domiciliaria hasta la realización del juicio por jurados, donde se debatirá si actuó en legítima defensa o si es penalmente responsable del homicidio de Fernando Rubén García.
