La justicia analiza por estos días la posible elevación a juicio de la causa que investiga a Cacho Garay como presunto autor de un abuso sexual y otros delitos en contexto de violencia de género y la defensa del humorista, aprovechando la audiencia, jugó sus cartas: rechazó el debate y pidió el sobreseimiento.
Así lo confirmó Daniel Romero, abogado de Cacho Garay, quien en su discurso en la audiencia expuso sus diferencias con la investigación de la fiscal Mónica Fernández Poblet y solicitó, oficialmente, que el humorista sea desligado de nueve imputados que tiene en su contra.
El pasado jueves, fue el turno de los fundamentos de la defensa, que rechazó enérgicamente el planteo de la fiscal.
Para Romero, no existen elementos necesarios para llevar dicha causa a juicio y, además, la investigación no está terminada.
Tras su discurso fue el turno de la fiscal, quien sostuvo la intención de llevar a juicio al humorista. No así a la otra imputada que tiene el caso, Sandra Astudillo, quien podría obtener el sobreseimiento en breve.
Bajo este panorama, la audiencia se retomará el próximo 2 de julio, día en el que terminará de exponer la magistrada. Luego será el turno de la querella y todo quedará en manos de la jueza Natacha Cabezas. Se cree que pedirá un cuarto intermedio para deliberar y tomar una decisión.
Es que el análisis que deberá realizar la jueza no será para nada fácil. En juego están 9 imputaciones en contra de Cacho Garay.
La fiscal solicitó llevar a juicio al acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de veces, abuso sexual doblemente agravado por haber sido cometido por dos personas y con el uso de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y agravadas por uso de arma, coacciones simples y agravadas, robo, desobediencia y tenencia de arma (tres hechos), todo en concurso real. En tanto que la mayoría de estas imputaciones son en contexto de violencia de género.
Por esto, Cacho Garay arriesga en el juicio una pena mínima de 8 años, en tanto que el máximo es bastante elevado teniendo en cuenta las distintas acusaciones.
En este sentido, julio será un mes clave para la resolución de uno de los casos más resonantes de los últimos años en la provincia.