domingo 2 oct 2022
proyecto por Penitentes

El primer gran cruce en el debut de la nueva composición en Diputados

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Los puntos más cuestionados fueron la duración de la concesión (hasta 50 años) y la falta de información que especifique el plan de inversiones previsto en el pliego. "No fue acompañado ese detalle ni la definición de la tasa de retorno para poder evaluar si hay razonabilidad entre esos aspectos y el plazo de concesión", reparó la demócrata Mercedes Llano, quien cuestionó el proceso de expropiación durante el cornejismo y aseguró que el predio ubicado en Uspallata "se encuentra en una situación de absoluto abandono, con saqueo de bienes inmuebles y aspectos estructurales".

"Es una entrega de un cheque en blanco al Ejecutivo, no nos transformemos en una escribanía", reclamó la legisladora. Emanuel Fugazzotto (PV) se expresó en la misma línea e hizo un repaso de las últimas licitaciones de características similares, las cuales consideró fallidas en términos socioeconómicos.

José Luis Ramón llevó el debate al terreno político. Analizó que la iniciativa del Gobierno fue diagramada bajo una concepción ideológica semejante a la de la era de las privatizaciones de los bienes del Estado de la década del 90. "Queremos más transparencia, participación ciudadana e información, que es lo que pide a gritos la sociedad", puntualizó. Y propuso remitirla nuevamente a comisiones, moción que fue rechazada por el oficialismo.

Del lado del peronismo, Néstor Márquez y el presidente de bloque Germán Gómez hicieron hincapié en que su espacio no se opone al desarrollo turístico de la zona, sino a que el procedimiento de adjudicación no sea claro.

El sanrafaelino se quejó por el rechazo de Cambia Mendoza a dos propuestas de su bancada: que un funcionario de Gobierno brindase detalles a la cámara sobre "la idea, el programa, planificación, inversiones y el impacto socioeconómico que tendrá ese proyecto", y que se modificara la redacción a fin de que la concesión sea por 25 años, con la posibilidad de extenderla por el mismo periodo, siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos.

Además, advirtió que el proceso de expropiación del centro no se ha cerrado. "Hay denuncias penales, demandas por daños y perjuicios, los inversores todavía no han sido indemnizados y tendrá que pagar el pueblo de Mendoza por la desidia e inoperancia del Gobierno. Aún así queremos avanzar cuando las etapas administrativas no están concluidas", planteó Gómez.

Del lado del bloque oficialista, Enrique Thomas (PRO) y Guillermo Mosso (Demócratas en el Frente) indicaron que la información que exige la oposición se conocerá en el pliego licitatorio. El segundo, incluso, expuso lo que consideró un problema: la "politización de los proyectos en los cuales se intenta atraer la inversión privada para que desarrolle procesos productivos. La Legislatura se transforma en un juez impropio porque no tiene las capacidad técnica y ocurre lo que vemos en la actividad minera, que hace quince años no tiene un solo proyecto".

Haciendo gala de su perfil confrontativo, el radical Diego Costarelli acusó directamente al FdT de "maquillar con seguridad jurídica la defensa de sus intereses particulares", vinculando el debate suscitado con lo ocurrido con Portezuelo del Viento. "Para el peronismo de Mendoza los intereses de los mendocinos están en segundo o tercer plano. Por otro lado, tenemos un gobernador que tiene la templanza de cuidar los bienes de todos y de tomar las decisiones en pos de su defensa, como esta ley, que va en ese sentido", disparó, generando el abucheo de sus pares del PJ y una dura respuesta de Omar Félix.

Finalmente, el proyecto fue aprobado por la mayoría simple con la que cuenta el oficialismo y pasó al Senado para su sanción final, donde se espera una discusión del mismo tenor.

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