El anticipo de Alberto Fernández de lo que laudará respecto a Portezuelo del Viento, si bien no cayó bien en Mendoza, era uno de los escenarios esperables por lo cual el Gobierno de Rodolfo Suarez ya había abierto el paraguas en el documento que envió el primer mandatario al presidente en abril, cuando solicitó autorización para utilizar los fondos en otras obras, en caso de que el arbitrio fuese contrario a la megaobra hidroeléctrica.
Oficialismo y oposición de Mendoza en contra del anuncio de Alberto por Portezuelo
A partir de este adelanto que el Jefe de Estado dio en su visita a La Pampa, el Ejecutivo provincial ya eligió el camino que recorrerá. Según indicó el ministro de Gobierno Víctor Ibañez, esperarán el laudo para conocer bien el contenido y sus alcances, para activar el denominado "plan B", que prevé obras de generación de energía, optimización del uso del agua, ampliación productiva y multiplicación de exportaciones.
Ibañez y Abed dieron a conocer la postura de Suarez sobre los dichos de Fernández en torno a Portezuelo (Foto: Prensa Gobierno)
"Era un escenario posible y nosotros nos anticipamos en base a ello. Sin embargo sería poco serio avanzar en acciones hasta tanto exista el laudo. Por ello insistimos -como lo hicimos en su momento- que laude rápidamente para que sepamos cuál es el contenido. Que baje al papel las declaraciones de hoy", explicó Ibañez.
En la misma sintonía se expresó el vicegobernador Mario Abed, quien dejó en claro que las definiciones de Fernández hacen peligrar la concreción de Portezuelo, "algo que perjudicaría a nuestra provincia". "Debemos esperar y analizar en profundidad el contenido del laudo presidencial para definir las acciones a seguir", escribió en Twitter.
Conforme a las declaraciones realizadas por el Presidente, correría peligro la concreción de #PortezueloDelViento, algo que perjudicaría a nuestra provincia. Debemos esperar y analizar en profundidad el contenido del Laudo Presidencial, para definir las acciones a seguir.
— Mario Abed (@MarioAbedok) May 3, 2022
Teniendo en cuenta lo dictaminado por el estatuto del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), el presidente tiene tiempo hasta agosto para hacer pública su decisión. Por tal motivo, desde el entorno de Suarez alzan la voz para que resuelva con celeridad, habiendo ya dado indicios de la dirección por la que transitará su laudo.
El gobernador considera que la orden de un nuevo estudio de impacto ambiental es un rotundo "No" a la obra. Entonces, una vez oficializada la postura de Fernández, convocará a diversos sectores sociales a una mesa de participación en la que se debatirá el nuevo uso que se le darán a los 1.023 millones de dólares que costaría Portezuelo. Se hará parte a los 18 intendentes, a la dirigencia política y a los sectores empresarios de todos los rubros. El objetivo es consensuar un plan de labores por sobre el que tendrá prioridad Malargüe y los departamentos del sur provincial.
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