Más empleo en blanco: de qué va y cómo se costearía el proyecto de radicales mendocinos

El expediente establece una modificación de la Ley Nº 27.541 "de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública", una de las primeras normas que envió Alberto Fernández al Congreso. En primer lugar, fija la detracción a las alícuotas a las contribuciones patronales que prevé el artículo 22 en $40.000 (actualmente se ubica en los $12.000), ajustándose por inflación a partir de 2023.

Por su parte, deroga el artículo 23 (que otorga una detracción adicional de $10.000 a los empleadores que tengan una nómina de hasta 25 trabajadores) e instituye un nuevo mecanismo que impactará sobre todas las firmas, más allá de la cantidad de empleados, aunque con un límite de 25. "Quien tiene 50 trabajadores, obtendrá la detracción por los primeros 25", explicó Nieri, quien estuvo a cargo de las especificaciones técnicas del proyecto.

De ese modo, entienden los autores, se minimizan los efectos adversos sobre los incentivos de las empresas cuando la nómina de empleados supera el máximo de 25. El exministro de Hacienda de Mendoza remarcó que el impacto de reducción de cargas patronales en una pyme con hasta cinco trabajadores será cercana al 50%, en tanto que aquella que haya contratado entre 6 y 25, el porcentaje de quita alcanza el 40%. De 26 a 40, el cálculo da 28 por ciento; entre 41 y 50 llega al 19%; y de 50 a 100 la caída impositiva promedia el doce por ciento.

"Optamos por algo que sea cumplible, realizable, factible, acotado en costos. Es consistente con lo que hemos planteado de procurar disminuir presión impositiva al ritmo que lo permite la eficiencia del gasto, como hemos hecho desde 2015 en la provincia", aseguró Nieri.

El costo fiscal y cómo cubrirlo

La reducción recaudatoria prevista en el texto, según calcularon los equipos técnicos del radicalismo, representa el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, unos 2 mil millones de dólares. "No hace falta generar ningún impuesto para seguir trasladando parte del costo del Estado al sector privado", aclaró el funcionario legislativo.

Para cubrir esa contracción de ingresos a las arcas estatales, los diputados y senadores opositores proponen tres alternativas complementarias:

• Efectos propios de la norma: Nieri planteó que la propuesta -en teoría- generará mayor registración laboral. "Por cada punto de empleo registrado, se atenúa el costo fiscal en un 15%. Si se lograra registrar 400 mil trabajadores del universo de 3 millones que permanecen en la informalidad, esta medida no tendría costo", planteó.
• Eficiencia del gasto público: los presentadores ejemplificaron con la disminución de los subsidios económicos (que representan el 3.1% del PIB) y el mejor funcionamiento de las empresas del Estado ("las transferencias para sostener sus déficits equivalen al 1,1% del PIB", indicó Nieri). En ese sentido, anunciaron la presentación de otro proyecto para modificar la distribución de los subsidios al transporte.
• Reducción del peso de los pasivos remunerados del Banco Central: la emisión de Leliq y pases activos conforman "el 11,1% de déficit primario acumulado, sin contar la carga de los intereses; significa el 5% del PIB", según lo expuesto por el diputado radical.

¿Tienen los votos?

La parte política estuvo a cargo del senador Cornejo. El exgobernador afirmó que la propuesta fue bien recibida por los aliados dentro de Juntos por el Cambio. No obstante, admitió que recolectar los votos necesarios para la sanción final será una empresa complicada, fundamentalmente en la cámara alta.

Apostó a que algunos representantes del oficialismo acompañen teniendo en cuenta "este contexto de cierta debilidad del Gobierno para sostener la política macroeconómica". "Podemos forzarlo con este tipo de proyectos a realizar una reducción del gasto público para generar eficiencia y baja de la presión tributaria", sostuvo.

Se diferenció del bloque liberal encarnado por -entre otros- Javier Milei y José Luis Espert, que postula la eliminación total de las contribuciones patronales. "Creemos que es más factible una fórmula intermedia, que conviva con lo que el Gobierno no va a frenar de shock, que es la inflación, y brindar certidumbre", puntualizó Cornejo.

"Estas medidas serían más fuertes si las blanqueara el Ejecutivo dentro de un plan económico. Lamentablemente van en otra dirección y están fracasando en el control de la inflación y reducción del déficit", concluyó.