Promediaba la primera presidencia de Juan Domingo Perón cuando se empezó a hablar de Portezuelo del Viento, la represa y central hidroeléctrica proyectada sobre el río Grande -en Malargüe- que tendría una potencia instalada de 210MW. Desde entonces, el proyecto atravesó un derrotero de vaivenes por el cual, a más de 70 años de su nacimiento como idea y 50 de su proyección, todavía no se pudo instalar ni un ladrillo.
Del acuerdo histórico al empantanado político
El avance más importante se produjo en 2006, cuando el expresidente Néstor Kirchner y el por entonces gobernador de Mendoza, Julio Cobos, firmaron el acuerdo mediante el cual la Nación se comprometía a financiar la denominada "obra del siglo" a cambio de que la Provincia cediera con la demanda ante la Corte Suprema por los perjuicios provocados por la extinta Promoción Industrial.
Trece años más tarde, en 2019 Mauricio Macri firmó el decreto que avaló el convenio rubricado tiempo atrás por su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el exmandatario mendocino Alfredo Cornejo, que fijó en 1.023 millones de dólares el costo total de la obra, que debería cubrir el Estado nacional. Desde entonces, Casa Rosada ha girado puntualmente diez de las 21 cuotas que se pagarán hasta 2024, totalizando al día de hoy unos 320 millones en moneda norteamericana. Previamente, había resuelto a través de un laudo la aprobación de la megaobra.
En 2019 se firmó el acuerdo por el cual Nación comenzó a financiar la obra por 1.023 millones de dólares (Foto: Prensa Gobierno de Mendoza)
Sin embargo -en 2020- ya en el gobierno de Alberto Fernández, el ministro Eduardo De Pedro desarchivó un pedido de La Pampa en el seno del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) en cuanto a que las normas de manejo, llenado y el estudio de impacto ambiental regional (EIAR) debían tratarse en el ámbito del consejo de gobierno de ese organismo, por lo que se llevó adelante una nueva reunión en la que Mendoza salió desfavorecida: las otras cuatro provincias miembro reclamaron un nuevo EIAR.
Portezuelo: Nación respondió y Suarez denunció una maniobra perjudicial a Mendoza
Luego, historia conocida: Rodolfo Suarez anunció que activaría el mecanismo de solución de diferendos, la Nación respondió un año y medio más tarde que no se cumplieron los pasos administrativos, Mendoza -refunfuñando- repitió el pedido de laudo y Fernández deberá resolver -según estatuto de Coirco- dentro de unos 60 o 90 días hábiles.
¿Pesa el desgaste?
La oposición sistemática de La Pampa, el cambio de postura de las restantes tres provincias, las señales contrarias a Portezuelo vertidas por diferentes funcionarios del gabinete del Frente de Todos y la dilación histórica que ha sufrido -por diferentes motivos- la obra, han generado un desgaste por el cual la dirigencia mendocina pasó del "no vamos a frenar hasta hacer Portezuelo" de Cornejo en 2018 al "solicitamos la autorización para la construcción de otras obras de desarrollo energético y productivo" que Suarez expresó en el escrito que presentó esta semana.
Si bien el documento reclama al presidente que arbitre a favor de Portezuelo y tenga en cuenta todos los antecedentes que avalan su construcción, por primera vez hace pública la intención de ir por un "plan B" y dejar atrás definitivamente la obra multipropósito.
Suarez (derecha) y el gobernador pampeano Sergio Ziliotto (izquierda), en la última reunión de Coirco en 2020
De algún modo diseña un camino alterno en base al "¿No tienen otras obras para hacer con esa plata?" que le habría profesado De Pedro a un técnico mendocino que lo encaró en una actividad a inicios de este año en San Juan. Incluso prevé una reformulación del contrato de financiación de Portezuelo, para que Nación habilite a la provincia a disponer de los fondos desde ahora para avanzar con un plan de obras "que implique crecimiento productivo, generación de energía, optimización del uso del agua para riego, sistemas de conducción e impermiabilización para la agricultura y la ganadería, creación de empleo y multiplicación de exportaciones, con especial consideración en el cuidado de los intereses de Malargüe y el Sur", tal como indicó el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.
La lectura -entonces- de la carta presentada por Suarez es que ante las grandes chances de que Fernández laude en contra, pidiendo un nuevo estudio de impacto ambiental -que demandaría varios años de desarrollo- Mendoza finalmente desista de la "obra del siglo" y avance con emprendimientos de menor envergadura, no sólo hidroeléctricos, sino apuntados a mejorar la productividad provincial, que no requieran la autorización de terceros. Y dar por terminados con 70 años de discusión.