Tal como ocurrió frente al crimen de Florencia Romano a fines del año pasado, el Frente de Todos presentó un nuevo proyecto para citar -en carácter de urgente- al ministro de Seguridad, Raúl Levrino, para que brinde explicaciones sobre el accionar policial ante el femicidio de Lucía Fernández, la adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado el martes en una finca de Rodeo del Medio. La iniciativa también reclama detalles sobre el funcionamiento de la cartera en los últimos doce meses.
Detuvieron al acusado de asesinar a Lucía: tiene 14 años y se quebró frente a la madre
Atentos a que la experiencia previa no fue favorable en ese sentido, desde la bancada peronista en ambas cámaras adelantaron que si el funcionario no se presentara o el oficialismo no acompañara la convocatoria, avanzarán con el pedido de juicio político del responsable del área de seguridad mendocina.
Lo informaron los jefes de bloque del Senado y Diputados, Lucas Ilardo y Germán Gómez, quienes incluyeron también al Jefe de la Policía Roberto Munives. "Lamentamos otro femicidio en una provincia en la que el ministro de Seguridad y el Jefe de la Policía siguen sin proteger la vida. Los hemos citado una vez más de manera urgente. Si el gobernador los sigue escondiendo, avanzaremos en el pedido del juicio político", escribió en Twitter el sanrafaelino.
No intentará el ministro Levrino y el jefe de la policía evitar dar explicaciones??
— Lucas ilardo (@lucasilardo) August 25, 2021
Otro hecho aberrante. Un nuevo femicidio.
Lo hemos citado OTRA VEZ, en carácter de inminente.
En el caso de q el gob. los siga protegiendo, avanzaremos en el pedido del juicio pol al min.Levrino.
El proceso de juicio político en Mendoza
El procedimiento que le cabe a funcionarios del Ejecutivo está previsto en la Constitución de Mendoza, mencionado en sus artículos 74, 81 y 82; y detallado en el 109, que sienta las bases del proceso de remoción del gobernador, el vice y todos sus ministros.
Pueden ser acusados por mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes ante la Cámara de Diputados, que en un primer paso deberá decidir -por mayoría simple en votación nominal- si los cargos que se le imputan al acusado/a da lugar a un juicio político.
Si el resultado es negativo, la causa se desestima. En cambio, si cuenta con el aval de la mayoría, se envía a la comisión de Juicio Político, que analizará las pruebas, citará a la persona denunciada para que realice su descargo y elevará un informe al recinto, en un plazo no mayor a 30 días, en el que dictamine a favor o en contra de la acusación.
El ministro de Seguridad Levrino, nuevamente apuntado por la oposición (Foto: Prensa Gobierno de Mendoza)
En la sesión de tablas siguientes, la Cámara Baja deberá votar por la aceptación o rechazo del dictamen. Si éste fuese favorable a la acusación, deberá contar con los dos tercios de los legisladores para avanzar. Si eso ocurriera, el o la funcionaria pública quedará inmediatamente suspendido/a en sus funciones.
A partir de entonces el expediente pasa al Senado, que deberá fijar una audiencia pública para escuchar a la comisión acusadora y al acusado, y luego determinar la fecha de la sesión en la que se pronunciará el veredicto definitivo, que se efectuará por votación nominal sobre cada cargo, por sí o por no.
Para que la sentencia de culpabilidad quede firme, se requerirá de los dos tercios de los y las senadoras presentes en la sesión.
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