La Cámara de Diputados culminó con la primera parte del debate sobre la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. Durante una sesión que duró ocho horas, los legisladores tanto oficialistas como opositores mostraron un amplio respaldo en general al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que plantea declarar de utilidad pública las reservas hidrocarburíferas, aunque hubo fuertes críticas a la política energética llevada adelante por este Gobierno.
La sesión especial contó con las intervenciones de 62 diputados, y se cumplió con el acuerdo de realizar un cuarto intermedio para retomar la reunión el jueves a las 10, cuando se espera que el Cuerpo vote entre las 20 y las 22.
Para ese entonces, se prevé que la Cámara baja ratifique por amplia mayoría y sin modificaciones la iniciativa aprobada la semana pasada por el Senado de acuerdo a la voluntad del kirchnerismo, que cuenta con mayoría en ambas cámaras.
Sin embargo, a pesar de que los diputados oficialistas, quienes confían en lograr el pleno autoabastecimiento de combustibles, defendieron con énfasis la política energética llevada adelante desde 2003, desde las bancadas opositoras salieron a cuestionar el vaciamiento de YPF y apuntaron a esta gestión por haber apoyado la privatización de la petrolera hace veinte años.
En concreto, los bloques disidentes pidieron que se expropien no sólo las acciones de Repsol, sino también las de la familia Eskenazi. También hubo reclamos para realizar una auditoría sobre todas las concesionarias, participar a todas las provincias de las ganancias de la petrolera y derogar los decretos menemistas que hasta hoy desregulan la política de hidrocarburos.
Pero lo cierto es que, de contar con asistencia perfecta al momento de la votación, el Frente para la Victoria contará con el aval de sus 116 integrantes. Y sumados los bloques afines de Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa y Renovador de Salta, el proyecto se alzaría con al menos 134 adhesiones, por lo que la sanción estaría garantizada.
Pese a tomar posturas críticas, la mayoría de los partidos opositores anticiparon que actuarán en continuidad con el Senado. Así, se estima que el proyecto oficial cuente en Diputados con el respaldo de unos 200 legisladores.
La segunda etapa de la sesión mostrará un quiebre en algunas bancadas a la hora de votar. En la UCR, el Frente Peronista y la Coalición Cívica, varios diputados se resisten a acatar la decisión del bloque. El primero votará a favor; el segundo en contra; mientras que el tercero tenderá a la abstención, pero con excepciones en los tres casos.
Además del dictamen de mayoría, presentaron otros tres despachos en los que repartieron diputados opositores: del Frente Peronista, con siete firmas; el del Pro, con cinco; y el de la CC-ARI, que lleva la firma de Elisa Carrió en soledad. Aún así, las iniciativas opositoras no tienen chances de ser puestas a consideración ya que el dictamen del oficialismo, al ser el de la mayoría, se votará en primer término.
Paradójicamente, la protagonista de cerrar el debate será la misma Cámara que legalizó la privatización en 1992 por iniciativa del entonces presidente justicialista Carlos Saúl Menem.
Puntos principales del proyecto
El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Parlamento el pasado 16 de abril lleva la denominación de Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina y contiene 19 artículos.
Desde el primero se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario del país el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos.
Expropiación. A los fines de cumplir los objetivos de la política hidrocarburífera nacional, el proyecto declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta. El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la Ley 21.499.
El texto prevé que de las acciones a expropiar, todas de la española Repsol, el 51 por ciento quedará en manos del Estado Nacional, mientras que el 49 por ciento restante será de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI): Chubut, Neuquén, Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De ese modo, la nueva YPF quedaría con un 26,03 por ciento de sus acciones en manos del Estado Nacional; 25,46 por ciento en poder del grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi); 24,99 por ciento para los distritos petroleros; 15,35 por ciento en acciones que cotizan en bolsa, mientras que Repsol retendría el 7,23 por ciento.
Más allá de esto, YPF continuaría operando como sociedad anónima abierta, no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación.
El precio de la expropiación. La iniciativa oficial establece que el precio de los bienes sujetos a expropiación estará determinado por la tasación que efectúe el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Nuevo directorio. Una vez promulgada la ley se removerá la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes. La designación de sus reemplazantes estará en correspondencia con las acciones sujetas a expropiación. Por eso, se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa.
YPF Gas. Además, de acuerdo a una artículo introducido durante el debate en el Senado, la ley establecerá la expropiación de YPF Gas.
Consejo Federal. Además, el proyecto crea un Consejo Federal de Hidrocarburos con participación del Estado nacional y todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el cumplimiento de la ley y someter a consideración la política hidrocarburífera planteada por el Poder Ejecutivo.
Privatización de acciones. Como la expropiación de las acciones de YPF será por causa de utilidad pública, el proyecto prohíbe la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros en ambas cámaras.
Pero lo cierto es que, de contar con asistencia perfecta al momento de la votación, el Frente para la Victoria contará con el aval de sus 116 integrantes. Y sumados los bloques afines de Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa y Renovador de Salta, el proyecto se alzaría con al menos 134 adhesiones, por lo que la sanción estaría garantizada.
Pese a tomar posturas críticas, la mayoría de los partidos opositores anticiparon que actuarán en continuidad con el Senado. Así, se estima que el proyecto oficial cuente en Diputados con el respaldo de unos 200 legisladores.
La segunda etapa de la sesión mostrará un quiebre en algunas bancadas a la hora de votar. En la UCR, el Frente Peronista y la Coalición Cívica, varios diputados se resisten a acatar la decisión del bloque. El primero votará a favor; el segundo en contra; mientras que el tercero tenderá a la abstención, pero con excepciones en los tres casos.
Además del dictamen de mayoría, presentaron otros tres despachos en los que repartieron diputados opositores: del Frente Peronista, con siete firmas; el del Pro, con cinco; y el de la CC-ARI, que lleva la firma de Elisa Carrió en soledad. Aún así, las iniciativas opositoras no tienen chances de ser puestas a consideración ya que el dictamen del oficialismo, al ser el de la mayoría, se votará en primer término.
Paradójicamente, la protagonista de cerrar el debate será la misma Cámara que legalizó la privatización en 1992 por iniciativa del entonces presidente justicialista Carlos Saúl Menem.
Puntos principales del proyecto
El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Parlamento el pasado 16 de abril lleva la denominación de Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina y contiene 19 artículos.
Desde el primero se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario del país el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos.
Expropiación. A los fines de cumplir los objetivos de la política hidrocarburífera nacional, el proyecto declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta. El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la Ley 21.499.
El texto prevé que de las acciones a expropiar, todas de la española Repsol, el 51 por ciento quedará en manos del Estado Nacional, mientras que el 49 por ciento restante será de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI): Chubut, Neuquén, Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De ese modo, la nueva YPF quedaría con un 26,03 por ciento de sus acciones en manos del Estado Nacional; 25,46 por ciento en poder del grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi); 24,99 por ciento para los distritos petroleros; 15,35 por ciento en acciones que cotizan en bolsa, mientras que Repsol retendría el 7,23 por ciento.
Más allá de esto, YPF continuaría operando como sociedad anónima abierta, no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación.
El precio de la expropiación. La iniciativa oficial establece que el precio de los bienes sujetos a expropiación estará determinado por la tasación que efectúe el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Nuevo directorio. Una vez promulgada la ley se removerá la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes. La designación de sus reemplazantes estará en correspondencia con las acciones sujetas a expropiación. Por eso, se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa.
YPF Gas. Además, de acuerdo a una artículo introducido durante el debate en el Senado, la ley establecerá la expropiación de YPF Gas.
Consejo Federal. Además, el proyecto crea un Consejo Federal de Hidrocarburos con participación del Estado nacional y todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el cumplimiento de la ley y someter a consideración la política hidrocarburífera planteada por el Poder Ejecutivo.
Privatización de acciones. Como la expropiación de las acciones de YPF será por causa de utilidad pública, el proyecto prohíbe la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros en ambas cámaras.