La Justicia aceptó un amparo que había presentado una docente y dispuso que el Ministerio de Seguridad, la Inspección General de Seguridad y la UNCuyo, investiguen las irregularidades en el instituto policial. Empleadas del Instituto acusan a autoridades por abusos y acoso.
Una nota enviada por varias empleadas y una ex empleada del Instituto, provocó que la jueza Flavia Baños actuara y decidiera eximir a una empleada del Instituto Universitario de Seguridad Pública de la obligación de ir a trabajar para protegerla ante la posibilidad de sufrir violencia de género e implementar las correspondientes medidas de investigación ante las irregularidades denunciadas en la presente causa.
La nota en cuestión dice en su primera parte:
"Por la presente nos dirigimos a la actuaI Comisión de Derechos y Garantías de la Provincia de Mendoza, María José Pederzoli, Laura Vera, María Teresa Lucero, Mónica Alejandra Córdova empleadas del lnstituto Universitario de Seguridad Publica (l.U.S.P) y Linda Martínez ex empleada del mismo por las razones que a continuación expondremos. Desde el comienzo de la actual gestión que direcciona el lUSP hemos sufrido en distintas ocasiones y formas acoso laboral, arbitrariedad y hasta acoso sexuaI, como es el caso de Linda Martínez, por parte de los Directores Alejandro Antón (actual Director General), David Sáez (ex Director Ejecutivo, actual secretario de la Legislatura) y Ceferino Sánchez empleado del lUSP".
Denuncia completa
La docente, María José Pederzoli, que no concurre a su lugar de trabajo desde que se inició la pandemia y debía reintegrarse al IUSP, se encontraba en uso de una licencia psiquiátrica y acudió a la Justicia para denunciar a la cúpula del instituto por diversas irregularidades. Frente a sus denuncias, en virtud de la ley de Violencia de género, la jueza Baños decidió protegerla y ordeno que no fuera a trabajar, con las garantías salariales, durante 90 días hábiles. También ordenó que se notifique al Ministerio de Seguridad, la Inspección General de Seguridad y la UNCuyo "a los fines de la implementación inmediata de las correspondientes medidas de investigación ante las irregularidades denunciadas en la presente causa".
La jueza Baños no resolvió la cuestión de fondo pero sí concedió esta medida precautoria urgente y analiza si es competente para investigar las irregularidades denunciadas por la docente María José Pederzoli o si corresponde que la causa pase a otro ámbito de la Justicia. Sus denuncias son contra "la cúpula" del instituto y particularmente contra el director general del IUSP, Alejandro Antón.
En las últimas horas trascendió que hay otras docentes del Instituto que manifestaron situaciones de acoso y que prestarán declaración ante la jueza Baños, haciendo públicas sus denuncias.
El órgano más importante del Instituto es el Consejo de Administración y es presidido por una funcionaria que responde al gobernador. Su nombre es Milagros Suarez, y se espera que en las próximas horas convoque a una reunión para resolver la situación en el Instituto.